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1 DE MARZO por Rodrigo Biel Melgarejo

El primer día hábil del mes de marzo, relevante en especial para el país jurídico, se realiza la apertura del año judicial en una solemne ceremonia que tiene lugar en el Salón de Honor de la Corte Suprema, presidida por el presidente de dicha Corte, en esta oportunidad, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, a la que asisten los representantes de los otros Poderes del Estado. En dicha audiencia el presidente da cuenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, de la gestión del año anterior.

Acto, que en palabras del ministro Fuentes, es esencial para la república; hace años atrás, le preguntaron a una alta autoridad de gobierno sobre la cuenta que en ese entonces realizó el presidente Rafael Retamal, contestando: “¿Quién la lee?”. Ironía que lamentablemente conlleva una incómoda verdad. Les invito a que hagan el ejercicio de preguntarles a las y los magistrados, abogadas y abogados si escucharon, vieron o leyeron el discurso del 1 de marzo pasado, estoy seguro que el porcentaje que lo hizo fue mínimo.

Buscando una respuesta a aquello, y haciendo al mismo tiempo una crítica, estimo que en el análisis de ese discurso se da una importancia excesiva a las estadísticas y no a los temas profundos que allí debieran exponerse y que se exponen. Nos quejamos, tanto, del imperio del norte, pero seguimos a pies juntilla lo que ellos hacen, entre eso, la idolatría a los datos estadísticos, pensando que la eficiencia y eficacia se mide solo en números.

Al leer lo que dijo el presidente Fuentes Belmar, nos damos cuenta de la trascendencia de sus palabras, más aún cuanto allí estaban presentes, el presidente de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.

Enfatizó que “cualquier cambio en la ley fundamental de nuestra República debe resguardar el respeto de los principios esenciales de la jurisdicción”, mencionando la imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada, lo que a su entender “constituyen pilares fundamentales de todo Estado de derecho y democrático”.

Quienes somos abogados y las autoridades políticas en general sabemos que si se afectan dichos principios se pone en riesgo el debido proceso, pero como lo señala el ministro Fuentes, la necesidad de resguardo de los mencionados principios no se satisface  “(…) sólo con el cumplimiento de las formas procesales”, sino que desarrollando “ un marco orgánico de todas las instituciones involucradas que asegure que la investigación y juzgamiento de las respectivas causas se han de desarrollar con objetividad e imparcialidad, sin inclinaciones predefinidas ni presiones directas o indirectas de ningún tipo sobre quienes investigan y juzgan”, acotando que la institución llamada a ejercer la jurisdicción debe denominarse “Poder Judicial”; “toda vez que para los jueces y juezas formar parte de un poder, les resulta esencial para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco del necesario equilibrio de los poderes públicos, fortaleciendo con ello su autonomía para ejercer cabalmente su rol frente a cualquier individuo, institución o grupo, siempre en función de garantizar los derechos de las personas.”

Entonces, después de leer lo que se dijo en la cuenta, forzoso resulta concluir que el discurso de este año es clarificador para el renovado proceso constituyente y debiera tenerse presente por los constituyentes.

No puedo dejar de mencionar que, en lo personal, estimo necesario mantener el contrapeso de los poderes, debiendo los constituyentes a la luz de la experiencia del derecho comparado, introducir las modificaciones que sean pertinentes y necesarias al control recíproco de aquellos. Del mismo modo, soy del parecer que los recursos de garantías constitucionales, como las acciones de amparo y protección sigan  sujetándose a la competencia en primera instancias de las Cortes de Apelaciones, salvo que se creen tribunales contencioso administrativos que puedan conocer a lo menos del recurso de protección.

Rodrigo Biel Melgarejo

Abogado y profesor universitario 

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