¿Que resolvió la justicia?
Tras acoger los antecedentes aportados por la fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó condenó al imputado, Luis Alberto Ortiz Santander, a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia, perpetrado en mayo del año pasado, en la comuna de Molina y cuya víctima fue un adulto mayor.
¿Cuáles son los hechos?
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 05:00 horas del 18 de enero de 2023: “el acusado, LUIS ALBERTO ORTIZ SANTANDER, concurre hasta el callejón la Favorita sector Casablanca de Molina, donde valiéndose de un fierro golpea en la cabeza a la víctima, de 76 años, quien salía de su domicilio para realizar compras en Curicó, a quien le señala que le hiciera entrega de las especies que poseía”.
¿Qué pasó después?
Ante la resistencia del ofendido “(…) el sentenciado introdujo una de sus manos en la boca de la víctima, causándole la pérdida de una pieza dental, concurriendo en ese momento una tercera persona quien le presta ayuda a Carlos Mandujano, logrando retener al acusado, alertando a Carabineros quienes concurren al lugar deteniendo a ORTIZ SANTANDER”.
¿Cuáles son las penas anexas?
El tribunal aplicó, además, a Ortiz Santander las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. A su vez, atendida la magnitud de la sanción, los jueces orden raño su cumplimiento efectivo e la cárcel.
¿Qué viene ahora?
Tras la sentencia, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal de 10 días para presentar un recurso de nulidad y, tras ello, exigir que la Corte de Apelaciones de Talca o la Corte Suprema, dependiendo de la causal jurídica, revise la legalidad del juicio y la posterior sentencia, escuchadno tambien a la parte acusadora. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
