Lo dijo Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana: “en 15 días hubo en Santiago 16 asesinatos”.
En los mismos días en que el Gobernador pronunciaba esa estremecedora frase, la Ministra del Interior, nuevamente hacía una declaración que no puede ser calificada más que como desatino. Afirmó que, en el marco de un secuestro extorsivo de un empresario, se pagó a los delincuentes una alta suma para conseguir la liberación de la víctima. Tras esas palabras, muchos consideraron que nuestro país cruzaba un umbral que nunca imaginamos traspasar. Es que, cuando la principal autoridad a cargo de la seguridad pública del país admite que se ha cedido frente a la extorsión, es poco lo que queda por hacer. Los esfuerzos policiales se ven subvalorados, el discurso anti delincuencia se muestra como mera palabrería, las estrategias para combatir el delito se advierten sobrepasadas y la ciudadanía que observa y escucha, a diario cómo el crimen aumenta, se siente cada vez más insegura.
Todos los especialistas en psicología criminal, en seguridad ciudadana, en derecho penal y otras tantas áreas semejantes aconsejan, de manera unánime, no demostrar debilidad frente al delito, no permitir que se asome, por resquicio alguno, algo parecido al éxito en los objetivos delictuales. Aquella vieja frase cinematográfica: “el crimen no paga” debiera estar en plena vigencia. Y si un delito como el secuestro extorsivo pretende obtener una jugosa recompensa, no debe admitirse nunca que sus autores lo han conseguido. Los malos nunca deben triunfar, aunque sea en el plano de la mera declaración. Lo dicho por la Ministra Tohá fue una profunda equivocación. Y si bien no podría afirmarse que lo ocurrido en Tarapacá apenas unas horas después de las declaraciones ministeriales, otros dos casos de secuestro, fue consecuencia directa de esas palabras, ello no atenúa el desacierto de lo declarado.
En un plano levemente diferente, hace menos de una semana, delincuentes venezolanos arrojaron una granada a una Carabinera que pretendía controlarlos. En el mismo lapso se contabilizó más de una cincuentena de delitos violentos, balaceras principalmente, en los que se vieron involucrados extranjeros, cuyo ingreso irregular e indocumentación hace muy difícil su pesquisa. La actuación de bandas delictuales de extrema violencia y tremenda experiencia criminal, junto a la introducción de prácticas delictivas casi desconocidas en el país, acompañadas de un narcotráfico completamente descontrolado, configuran un panorama desolador. A los secuestros y las extorsiones se suma los asesinatos por encargo, sicariato, los asaltos con inusitada y gratuita violencia, los cobros por “protección”, las disputas armadas entre narcotraficantes por el control territorial de ciertos barrios y otras novedades delictuales, dan cuenta de una suerte de “modernización” y diversificación criminal en el país.
El Presidente de la República, de vuelta en Chile, se ha reunido con las autoridades encargadas de la seguridad, los responsables de la persecución delictual y los principales mandos de las fuerzas policiales. La idea es discurrir estrategias, fijar objetivos y planificar acciones para enfrentar lo que se considera el problema más urgente del Chile de hoy.
Pero, nada de lo que la autoridad, la fiscalía, los Tribunales o las policías puedan planificar e incluso poner en ejecución, habrá de servir, si no se acompaña, de manera decidida, por la convicción social de que ciertas conductas al margen de la ley no debieran ser toleradas. Nada se obtiene de las decenas de estrategias y acciones antidelictuales si, por otra parte, observamos la glorificación del estilo de vida narco, de la admiración que se observa en redes sociales por su riqueza fácil, por su vida al límite y por su desprecio por las reglas. Si Chile sigue dando “like” a delincuentes que exhiben sus autos, sus armas, sus joyas y sus millones; si nuestra juventud sigue coreando, bailando y admirando a pseudo-cantantes financiados por el narcotráfico, ninguna de esas estrategias, por bien diseñadas que sean, darán resultado alguno.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho