¿De qué se trata?
A través de una declaración pública, un total de 22 juntas de vigilancia a nivel nacional, entre ellas, de la región del Maule, manifestaron «ante la opinión pública una de las más graves infracciones legales de las últimas décadas, consistente en el intento del Gobierno de usurpar las atribuciones de las organizaciones de usuarios en la administración y gestión de los derechos de aguas, con grave infracción de la Constitución y las leyes».
¿Cuál es el principal argumento?
La declaración destaca que «se pretende imponer en los hechos lo que fue rechazado en la reforma al Código de Aguas y en el proyecto de Nueva Constitución».
¿Qué significa?
«En efecto, desde fines de 2022, lo que se ha venido intensificado en el último tiempo, diversas autoridades y funcionarios de Gobierno están dedicando recursos públicos y realizando diversas gestiones para la instalación de un organismo de facto y al margen de la ley, que han denominado “Consejos de Cuenca Pilotos”. Saltándose toda la institucionalidad vigente, han comenzado a organizar de hecho su efectiva instalación, con la excusa de que, posteriormente, una ley regularizaría a estos órganos de hecho. El Gobierno quiere entregarles poder de decisión a estas entidades para que decidan la distribución de las aguas de los diversos ríos y esteros, sustituyendo o interviniendo así a las actuales organizaciones de usuarios de aguas del país, en especial sus Juntas de Vigilancia. Todo ello, como se ha dicho, sin ley alguna previa que lo autorice», añade la declaración.
¿Qué ocurre actualmente?
«La actual legislación entrega la función de distribuir las aguas a las propias organizaciones de usuarios. Lo anterior se concreta a través de una organización denominada Junta de Vigilancia, que está a la cabeza de una pirámide de organizaciones de usuarios de aguas y de titulares de los derechos de aprovechamiento. Existen, en cada río o sección de río y esteros, esos tres niveles de interesados y organizaciones que realizan la distribución del agua, en conformidad a la legislación vigente. El espíritu de la legislación es que la labor de distribución de las aguas sea efectuada por quienes sean titulares de derechos. Se trata de un más que centenario mecanismo de descentralización, que ha funcionado de manera exitosa, asegurando a todos los usuarios la recepción de las aguas que les corresponde según derecho», explica el documento.
¿Qué ocurre con los «Consejos de Cuenca»?
«Actualmente el Gobierno está llevando adelante todas las gestiones necesarias para instalar y hacer funcionar dieciséis “Consejos de Cuenca Pilotos”, a pesar de que dichos órganos no están creados previamente por una ley. Se compromete la participación de cuadros funcionarios, de la “sociedad civil” y de representantes de organizaciones de usuarios, sin detenerse a considerar que estas no están facultadas para deliberar sobre políticas públicas que exceden el ámbito de sus respectivas atribuciones. Tanto en la reforma al Código de Aguas, como en el proyecto de Nueva Constitución, esto fue propuesto y rechazado categóricamente por el Congreso y la ciudadanía. Quienes intervengan en la instalación de estas entidades ilegales cometerán un ilícito susceptible de ser denunciado ante la Justicia, pues no existe una ley que haya creado estas entidades y ningún funcionario público puede arrogarse más atribuciones que las expresamente consagradas en la ley», explican los regantes.
¿Cuál es el análisis jurídico de estas organizaciones?
«El intento o la instalación en los hechos de los llamados “Consejos de Cuenca Pilotos”, incurre, al menos, en las siguientes violaciones de la Constitución y de las leyes dictadas conforme a ella:
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- Se quebranta al principio de legalidad al instalarse unos nuevos órganos, sin previa ley.
- Se usurpan las atribuciones legales que la ley vigente reconoce a las Organizaciones de Usuarios de Aguas, en especial a las Juntas de Vigilancia de ríos y esteros,
- Se comete una infracción del principio de legalidad en el gasto, dado que no existen en la Ley de Presupuestos recursos que se hayan traspasado a la Dirección General de Aguas, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Medio Ambiente o a los Gobiernos Regionales, para instalar un nuevo órgano administrativo y a sus funcionarios en dieciséis cuencas del país».
¿Qué le piden al Gobierno?
El comunicado concluye señalando que «las organizaciones firmantes denunciamos este intento de actuación ilegal y rechazamos categóricamente que las autoridades busquen imponer en los hechos una política pública que el Congreso y la ciudadanía han rechazado. Llamamos al Presidente de la República, Gabriel Boric, a detener de inmediato esta actuación ilegal e inconstitucional».
¿Quiénes firman por el Maule?
En el caso de la región firmaron el comunicado las siguientes organizaciones de regantes:
Junta de Vigilancia del Río Teno y sus Afluentes
Junta de Vigilancia del Río Lontué
Junta de Vigilancia del Río Claro
Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes
Junta de Vigilancia del río Maule
