¿Cuál fue la decisión judicial?
Tras acoger las pruebas aportadas por la fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó condenó al imputado, Sergio Cristóbal Ferreira Yáñez, a la pena de 6 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio perpetrado en enero de 2022, en la comuna.
¿Cuáles fueron los hechos?
Una vez evaluados los antecedentes testimoniales, documentales y periciales, tanto de la fiscalía y la defensa, los jueces dieron por acreditado -más allá de toda duda razonable- que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 05:55 horas del 1 de enero de 2022 en los siguientes términos: “(…) en el paradero de locomoción colectiva ubicado en la intersección de calle Balmaceda con pasaje Licantén de la comuna de Curicó, el sentenciado Sergio Cristóbal Ferreira Yáñez agredió con golpes de pies en la cabeza a la víctima, siendo sorprendido por personal de Carabineros en ese momento, estando el afectado en el suelo inconsciente producto de los golpes».
¿Qué ocurrió después?
«Por lo anterior, los policías detuvieron al acusado y llamaron al servicio de urgencias, quienes trasladan al agredido hasta el Hospital de Curicó… resultado de los golpes, la víctima quedó en riesgo vital, sin que en definitiva perdiera la vida gracias a los socorros oportunos y eficaces que recibió”, añadió la sentencia.
¿Cuáles fueron las penas anexas?
El tribunal aplicó, además, a Ferreira Yáñez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
¿Qué viene ahora?
Tras la lectura de sentencia, la defensa del condenado tiene plazo legal de 10 días para presentar un recurso de nulidad y, con ello, exigir que la Corte de Apelaciones de Talca o la Corte Suprema -dependiendo de la causal jurídica- revisen la legalidad del juicio y posterior sentencia, pudiendo anular o confirmar, escuchando también a la fiscalía.
¿Y tras esta decisión?
Una vez que el fallo quede ejecutoriado y no se modifique la condena, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
