¿Cuál fue la decisión judicial?
A petición de la fiscalía el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes condenó a Pedro Rafael Guzmán Riquelme a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, más las accesorias legales, en calidad de autor del delito tentado de femicidio. Ilícito perpetrado en junio del año pasado, en la comuna de Parral.
¿Y por el segundo delito?
En fallo unánime (causa rol 20-2024), el tribunal también condenó a Guzmán Riquelme a 3 años y un día de presidio como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
¿Cuáles son los hechos?
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que, alrededor de las 23:00 horas del 26 de junio de 2023, “(…) en el interior del domicilio ubicado en Sector La Fortuna, Fundo La Selva S/N, de la comuna de Parral, Pedro Rafael Guzmán Riquelme, luego de una discusión por celos agredió a su conviviente utilizando un cuchillo, con el cual dirigió una puñalada hacia su zona torácica no logrando causarle heridas penetrantes por cuanto ella se defendió interponiendo sus manos e impidiendo dicha agresión, para luego darle una estocada en el hombro, resultando la víctima con lesiones de carácter clínicamente de mediana gravedad, consistentes en lesiones cortantes en los dedos de la mano y el hombro izquierdo, huyendo del lugar y dando cuenta a familiares y Carabineros”.
¿Qué ocurrió después?
La resolución, agrega que, “posteriormente, Carabineros llega hasta el domicilio sorprendiendo a Guzmán Riquelme en posesión de una escopeta marca Remington, calibre 16, serie 36, y 11 cartuchos de escopeta calibre 16, compatibles con dicha arma, las que mantenía a su disposición en el interior del inmueble sin contar con autorización para ello”.
¿Qué viene ahora?
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
¿Se puede apelar?
La defensa del condenado tiene plazo legal de 10 días para que un tribunal superior revise la legalidad del juicio y la sentencia escuchando también a la fiscalía.
