¿Qué pasó?
La Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial de la Fiscalía Nacional, especializada en la persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad.
¿Cómo fue?
Tras aprobarse en segundo trámite constitucional la semana pasada en la Sala del Senado, el proyecto de ley fue visto hoy en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, en tercer trámite, donde fue aprobada por 114 votos a favor y sin votos en contra. En el debate legislativo participó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en representación del Poder Ejecutivo.
¿Cómo funcionará?
La Fiscalía Supraterritorial se incorpora a la Ley Orgánica del Ministerio Público y será la encargada de investigar los delitos cometidos en contexto de crimen organizado o de alta complejidad, cuando existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial -en más de una región- o transnacional de la investigación.
¿Qué dijo el Fiscal Nacional?
Ángel Valencia destacó que “se ha damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional».
¿Cuál es su evaluación del proceso legislativo?
“Quiero agradecer, a nombre del Ministerio Público, muy sinceramente al Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo, por haber hecho posible esta ley. Es una señal clara de unidad frente a una amenaza común tanto para el Estado de Derecho como para la democracia. Como Ministerio Público asumimos este nuevo desafío con responsabilidad y compromiso con la seguridad de todas las personas”, subrayó el Fiscal Nacional.
¿Qué viene ahora?
El proyecto de ley contempla una vacancia de seis meses para implementar esta nueva institucionalidad, que considera una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto en régimen de $7.691 millones y una gradualidad de tres años.
