Francisco Pulgar, actual diputado por la Región del Maule, se encuentra imputado y formalizado por graves delitos de carácter sexual. No se trata solo de una investigación en curso: hubo una Fiscalía que alcanzó un grado de convicción suficiente para formalizar cargos; un Juez de Garantía que consideró fundada la prisión preventiva, medida que lo mantuvo tras las rejas durante meses; una Corte de Apelaciones que confirmó su desafuero, y una Corte Suprema que ratificó dicha decisión. No estamos ante una denuncia liviana ni ante una operación política. Estamos ante hechos de alta gravedad jurídica y de profunda implicancia ética.
A pesar de este escenario, el diputado Pulgar ha iniciado la recolección de firmas para postular nuevamente al Congreso, esta vez al Senado. Desde el punto de vista legal, es cierto: no hay hoy una sentencia condenatoria que le impida ser candidato. Pero que algo sea legal no lo convierte automáticamente en legítimo, ni menos en deseable.
La presunción de inocencia es una piedra angular del derecho penal y debe resguardarse siempre. Pero no confundamos las esferas: el estándar penal no puede ser el único que rija nuestras decisiones como sociedad. La política, entendida como la conducción de los asuntos públicos, exige algo más: exige credibilidad, integridad y responsabilidad pública.
La sola existencia de mil personas dispuestas a patrocinar a un imputado por delitos de esta índole debiera alarmarnos. ¿Qué nivel de tolerancia social estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué señal le damos a las víctimas, a las mujeres, a la ciudadanía en general, cuando naturalizamos la posibilidad de que una persona formalizada por delitos tan graves vuelva a sentarse en el Congreso?
Decir que Francisco Pulgar no debe ser candidato a la reelección no es una condena anticipada. Es una decisión ética y política en resguardo del bien común y de la credibilidad de nuestras instituciones. Porque si la política no se pone límites, la ciudadanía terminará por perderle todo respeto.
Hoy, más que nunca, necesitamos representantes que no solo estén libres de condena, sino también libres de dudas razonables sobre su conducta. Por respeto al Congreso, por respeto a las víctimas, y por respeto a la democracia, Francisco Pulgar no debe volver a postular al Parlamento. El mínimo ético no puede estar por debajo del mínimo penal.
Rodrigo Poblete Reyes
Abogado
Concejal de Talca