¿Qué resolvió la justicia?
Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de Talca en contra de dos imputados de nacionalidad venezolana, con ingreso irregular al país, tras ser detenidos por la PDI en el contexto de una investigación de la fiscalía por un caso criminal de “trata de personas”.
¿Cuáles son los antecedentes?
En audiencia ante el juez Humberto Paiva, los fiscales Osvaldo Ibarra y María Cristina Montecinos explicaron que los hechos se remontan a principios de este año, cuando se conformó una organización criminal integrada por imputados extranjeros con una estructura de mando.
Su centro de operaciones estaba ubicado en Talca, cuya finalidad era contactar a mujeres venezolanas o colombianas, con edades entre 16 a 25 años, para luego hacerlas ingresar de manera ilegal a Chile a través de pasos no habilitados en la frontera norte, siendo derivadas a la capital del Maule.
¿Qué le ofrecían a las víctimas?
El ofrecimiento era que las mujeres iban a trabajar como vendedoras y promotoras de “juguetes” sexuales y ropa femenina íntima, para lo cual, las hacían firmar un supuesto contrato de trabajo. Allí se apuntaba que se compartirían las ganancias y que habría garantías laborales.
Pero, en la práctica, una vez que las mujeres firmaban, eran objeto de amenazas y quedaban al descubierto las verdaderas intenciones. Así ocurrió con tres jóvenes, todas colombianas, con edades de 16, 17 y 19 años, quienes viajaron por tierra desde su país de origen a Chile y a Talca.
¿Qué ocurrió tras su llegada a la ciudad?
Una vez en Talca, fueron obligadas a someterse a clientes que ellas no podían elegir para llevar a cabo servicios sexuales remunerados, siendo albergadas en un inmueble donde apenas tenían una colchoneta en el suelo y una frazada, estando siempre disponibles para ser trasladas a otro domicilio.
En esta segunda vivienda se consumaban los servicios sexuales a sujetos que ellas desconocían. Previamente, uno de los detenidos contactaba a los clientes a través de una página web donde exhibía fotografías de las mujeres en ropa íntima, negociando y recibiendo los pagos en dinero.
Así las víctimas no sabían cuánto se cobraba y únicamente se les pagaba 50 mil pesos por cada cliente, tras el “descuento” de los costos por el traslado a Chile, la alimentación y el albergue. A su vez, también recibía una “comisión” otra mujer venezolana que contactaba a las jóvenes.
¿Cómo era la retención de las víctimas?
Los fiscales destacaron que los imputados, en todo momento, amenazaban a las víctimas con perjudicar o dañar a sus familias en sus países de origen, sin permitir que tomaran contacto con ellos a través de llamadas o mensajería. A su vez, tampoco se les autorizaba a salir de los inmuebles.
Las tres últimas víctimas llegaron a Talca el 20 de agosto, siendo recibidas por los detenidos, quienes primero les regalaban ropa y relojes, para luego tomarles fotografías y después quitarles las especies de valor. Todo esto se prolongó por diez días, hasta que las afectadas reaccionaron.
¿Cómo se resolvió?
Así finalmente, logrando abandonar la vivienda donde estaban cautivas, se encaminaron al terminal de buses de Talca y lograron viajar a Santiago, donde denunciaron estos hechos. Los delitos formalizados fueron “trata de personas” con fines de comercio sexual y asociación criminal.
¿Qué dijo el fiscal jefe de UNAAC?
El fiscal Francisco Soto, jefe de la Unidad de Análisis de Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía Regional del Maule, explicó a Diario Talca que “se pudo determinar que tres mujeres, entre ellas, dos menores de edad, habían sido trasladadas por un grupo de venezolanos desde Colombia”.
“En Colombia existe una denuncia de presunta desgracia a cargo de la fiscalía de ese país. En el traslado desde Colombia se utilizaron pasos irregulares que son controlados por el crimen organizado, pasando por las fronteras de Ecuador, Perú y Bolivia, ingresando a Chile”, agregó.
¿Cuáles eran las exigencias a las víctimas?
El persecutor subrayó que “en Talca este grupo criminal mantenía una vivienda que era utilizada como casa de cautiverio para recibir a las víctimas, quienes eran engañadas para ser traídas a Chile, porque se les ofrecía un contrato como modelos, pero la verdad cambiaba estando en Chile”.
“La verdad era que se les obligaba a prostituirse. Para ello, se les cobraban los gastos del viaje y una comisión. Así las mujeres, al ver esta realidad, aprovecharon un descuido de sus captores y huyeron, llegando hasta Santiago, donde se efectuó la denuncia que nos correspondió investigar”, comentó.
¿Hay nexos con el Tren de Aragua??
El fiscal Soto subrayó que el caso criminal se indagó con apoyo de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, logrando la ubicación de dos cabecillas del grupo criminal, por cuanto uno estaba a cargo del transporte de las personas y el otro administraba los dineros.
“La forma en la cual se ejerce esta actividad ilícita es propia del Tren de Aragua, por lo cual, si bien no lo podemos afirmar porque hay investigaciones pendientes, no lo podemos descartar. Es una forma delictual muy propia de esta banda criminal internacional”, subrayó el persecutor.
