La reciente investigación de la Contraloría General de la República confirmó lo que desde hace años escuchamos en el mundo inmobiliario, de la construcción y también de las pymes: en muchas Direcciones de Obras Municipales (DOM) no se cumplen los plazos legales para resolver solicitudes.
No se trata de simples retrasos administrativos. Aun cuando los proyectos cumplen con todos los requisitos, quedan en espera indefinida o son rechazados bajo criterios que poco tienen que ver con la normativa. Así, lo que debiera ser una decisión técnica se transforma en un freno para iniciativas que generan inversión, empleo y, en definitiva, desarrollo económico y social.
La Ley de Bases de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.880), junto con otras leyes especiales, establece plazos concretos para que la administración responda. Y no solo eso: contempla el silencio positivo, principio que dispone que si la autoridad no resuelve dentro del plazo legal, la solicitud debe entenderse aprobada.
Este mecanismo busca equilibrar la relación entre el ciudadano y el Estado, obligando a la autoridad a actuar con celeridad. El problema es que en Chile, en la práctica, el silencio positivo no se aplica. Con ello, se vacía de contenido una protección pensada precisamente para evitar la inercia administrativa.
Las consecuencias son evidentes: falta de certeza jurídica, desconfianza en las instituciones y un país que se estanca porque proyectos que podrían estar ejecutándose se quedan detenidos en los escritorios municipales. Y recordemos que los permisos que gestionan las DOM no son meros papeles: son la base para regularizar negocios, habilitar viviendas, impulsar obras de infraestructura o dar viabilidad a una pyme.
Hoy en el Parlamento se discute una ley de agilización de permisos. Es una señal positiva, pero antes de seguir legislando, conviene preguntarse por qué no aplicamos las normas que ya existen. Hacer efectivo el silencio positivo sería un cambio radical: obligaría a las autoridades a cumplir los plazos, bajo el incentivo de que, de lo contrario, las solicitudes se aprueban automáticamente.
La experiencia comparada demuestra que esta figura entrega dos beneficios claros. Por un lado, asegura al ciudadano una respuesta oportuna; por otro, fuerza a la administración a mejorar su gestión interna. La inacción deja de ser una opción válida.
El verdadero desafío no está en seguir creando nuevas leyes, sino en atrevernos a cumplir las que ya tenemos. Solo así podremos contar con proyectos más ágiles, procesos más transparentes y un desarrollo económico al servicio de las personas.
Matías Pinochet Aubele
Abogado
