El Impuesto Territorial —o Contribución de Bienes Raíces— es un pilar histórico del financiamiento municipal que hoy evidencia su obsolescencia. Pese a sus orígenes coloniales, donde el avalúo se basaba en criterios funcionales para la época —como la ubicación respecto de la plaza de armas, la extensión del terreno y el destino de la propiedad—, su estructura actual es rígida, ineficiente y ajena a las capacidades tecnológicas del siglo XXI. Esta desconexión ha generado una tensión creciente entre el principio de justicia tributaria y la eficiencia administrativa. Por ello, modernizar las Contribuciones significa, cuanto menos, una condición indispensable para recuperar su legitimidad social y sentar las bases de una gobernanza fiscal efectiva.
El núcleo del problema reside en el mecanismo de avalúo centralizado en el Servicio de Impuestos Internos (SII), un modelo que su propio exdirector, Ricardo Escobar, calificó como “altamente costoso” y, por ende, financieramente insostenible. En un contexto de modernización del Estado, mantener un esquema reactivo resulta insostenible cuando la evidencia comparada es contundente: países de la OCDE, tanto unitarios —como República Checa, Eslovenia o Corea del Sur— como federales —como Estados Unidos o Canadá—, han implementado con éxito sistemas de autodeclaración supervisada.
Estos sistemas, apoyados en catastros modernos y fiscalización ex post, permiten establecer avalúos fiscales coherentes con las realidades habitacionales de las propiedades, demostrando que es posible lograr eficiencia sin sacrificar el control fiscal. Este panorama refuta cualquier argumento de inercia y redefine el debate: la cuestión no es eliminar las contribuciones, sino reconfigurarlas con un enfoque de equidad.
La crudeza de esta necesidad se manifiesta de muchas formas, pero sobre todo en el caso de los adultos mayores; pues es una falla sistémica que cerca de 400 mil personas, cuyos ingresos dependen mayoritariamente de pensiones, se enfrenten a cargas tributarias que ignoran su realidad económica. En este sentido, proyectos de ley como el que establece un tope máximo del 5% de los ingresos anuales representan correcciones de justicia que alinean la normativa con la vida de las personas. Paralelamente, y en vista de que los municipios requieren de esta vía de financiamiento, incrementar los aportes al Fondo Común Municipal desde las comunas con mayores ingresos es un claro avance de justicia territorial que revitaliza el principio original del impuesto.
En definitiva, modernizar el Impuesto Territorial trasciende lo técnico para convertirse en un imperativo de equidad. El camino debe basarse, por tanto, en tres pilares clave: 1) Eficiencia, mediante un modelo que reemplace la actual costosa estructura del SII; 2) Justicia, garantizando que el impuesto refleje de forma coherente la capacidad contributiva real, y 3) Cohesión Territorial, fortaleciendo la solidaridad entre las comunas. Así, lo que hoy parece un patrimonio tributario anacrónico puede transformarse en un pilar de gobernanza fiscal con verdadero impacto en el desarrollo local.
Gustavo Varela Rozas
Académico
Administración Pública
Universidad Autónoma de Chile
Talca
