Últimamente, el debate público chileno se ha centrado en el aumento de los delitos violentos y en la expansión del crimen organizado. La sensación de vivir en un país cada vez más peligroso se ha instalado con fuerza: según la ENUSC 2024, el 87,7% de las personas declara sentir temor a ser víctima de un delito. Sin embargo, ese clima emocional no se corresponde del todo con los datos. La victimización se mantiene relativamente estable y, aunque los homicidios efectivamente han aumentado en la última década, siguen siendo menores que otra forma de muerte que casi no ocupa espacio en la agenda: el suicidio. De acuerdo con la OPS y la OMS, la tasa de suicidio en 2024 en Chile es de 10,3 por cada 100 mil habitantes. En contraste, distintos informes recientes sitúan la tasa de homicidios en torno a 6 por cada100 mil habitantes, durante el mismo año. Esto significa que, incluso en el contexto actual marcado por el alza del crimen organizado, en Chile mueren casi el doble de personas por suicidio que por homicidio.
En los datos desagregados aparece un patrón particularmente preocupante: la carga del suicidio en Chile recae de manera desproporcionada sobre hombres y jóvenes. Las cifras más recientes indican que la tasa masculina prácticamente triplica la femenina, y que en el grupo de 15 a 29 años el suicidio se mantiene desde hace años entre las primeras causas de muerte, superando ampliamente a los homicidios y a la mayoría de las enfermedades. En hombres jóvenes, algunos estudios y reportes regionales muestran tasas que alcanzan niveles cercanos a los 20 por cada 100.000, lo que revela una crisis silenciosa vinculada a expectativas imposibles, precariedad laboral, soledad, bullying y ausencia de redes de apoyo efectivas. Esta dimensión generacional y de género complejiza aún más el panorama: mientras la discusión pública se ordena casi por completo en torno al crimen violento, el principal riesgo letal para cientos de jóvenes, especialmente hombres, se encuentra dentro de su propio malestar psicológico. Esto rara vez es tratado como un asunto de seguridad pública, sin embargo, las cifras demuestran que lo es.
La sociología distingue entre inseguridad objetiva -los delitos efectivamente ocurridos- e inseguridad subjetiva, que corresponde a las emociones moldeadas por experiencias, discursos políticos y cobertura mediática. Lo que ha crecido más rápido en Chile no son los delitos, sino el miedo. Y esa distancia no es trivial: orienta la agenda pública, legitima políticas centradas exclusivamente en la dimensión punitiva y desplaza otros problemas que, aunque menos visibles mediáticamente, tienen un impacto mortal mayor. El sistema de salud mental chileno no logra responder a esa realidad. La OMS estima que los países destinan en promedio solo el 2% del presupuesto sanitario a salud mental, y Chile se mueve en niveles similares. Los servicios comunitarios están sobrecargados, el acceso es desigual y la atención oportuna depende muchas veces de la capacidad de pago.
Hoy, enfrentar seriamente la crisis de seguridad en Chile exige ampliar la mirada. Perseguir el crimen organizado es indispensable, pero no suficiente. Una política contemporánea debe integrar la salud mental como un componente central de la seguridad: aumentar la inversión, combatir los prejuicios, fortalecer la atención primaria, instalar o fortalecer programas de prevención del suicidio y abordar la percepción de inseguridad con responsabilidad comunicacional.
Valeria Kandalaf Rebolledo
Socióloga de Contextus
Encargada del área cualitativa
