Desde mediados de 2024, cuando en el marco de la Cuenta Pública el presidente Gabriel Boric anunció la expropiación de la ex Colonia Dignidad para avanzar y profundizar la instalación de un sitio de memoria, se abrió una ventana de esperanza largamente esperada por familiares de detenidos–desaparecidos, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos. Era el reconocimiento explícito de una lucha de décadas, sostenida por la voluntad incansable de quienes han exigido verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en un lugar marcado para siempre por el horror.
Sin embargo, estos meses han demostrado que el proceso ha sido lento, opaco y lleno de incertidumbres. El primer obstáculo surgió de inmediato: no estaba claro qué exactamente se expropiaría, considerando que lo que hoy se denomina “Villa Baviera” corresponde a un conjunto fragmentado de predios con múltiples propietarios, varios de ellos con figuras jurídicas. A ello se sumó un elemento especialmente preocupante: la propuesta inicial del Ejecutivo se apoyaba en un “informe especializado” elaborado por encargo de la Comisión Mixta Chileno–Alemana, documento cuyas recomendaciones, más que aclarar, enrarecieron el debate público.
Este punto fue una señal de alerta. El “criterio experto” que proponía la Comisión Mixta se elaboró desde una perspectiva fuertemente influida por intereses y sensibilidades alemanas, dejando en segundo plano la centralidad de un proceso chileno, inscrito en una historia dolorosa y persistente de búsqueda de verdad y justicia. Las organizaciones de derechos humanos expresaron de inmediato su rechazo a que dicho informe fuera utilizado como base para decisiones estatales de alto impacto. Su sesgo era evidente: minimizaba la responsabilidad institucional de la Colonia y subordinaba el eje memorial a una lógica patrimonial y turística, omitiendo que este territorio fue centro de detención, tortura, exterminio y desaparición de opositores durante la dictadura cívico–militar, crímenes cometidos muchas veces con la complicidad directa de los colonos y jerarcas del enclave.
A lo anterior se suma la movilización activa de los actuales residentes y controladores de los predios. Desde 2024 han desplegado una estrategia de oposición consistente, que incluye la contratación de la empresa de lobby EXTEND, para incidir en autoridades locales y nacionales, y posicionar públicamente su rechazo a la expropiación. Esta resistencia ha tensionado el proceso y ha retrasado etapas clave.
En julio de este año, el Gobierno anunció una nueva fase, publicando un decreto que fijaba la ruta administrativa para iniciar la expropiación de un conjunto de polígonos que sumaban 117,2 hectáreas. Fue un avance significativo en el plano formal. Pero cuatro meses después, la situación volvió a estancarse: los residentes bloquearon el ingreso de funcionarios públicos encargados de realizar los peritajes necesarios para determinar el valor de los terrenos.
La incertidumbre se profundizó hace pocos días, cuando se hicieron públicos los decretos exentos que nombran a la comisión de tasadores. Para sorpresa de todos quienes seguimos este proceso, dichos documentos reducen drásticamente la superficie a expropiar: de 117 a solo 64 hectáreas. La pregunta es inmediata y grave:
¿Quién tomó esta decisión? ¿Cuándo? ¿Con qué criterios? ¿Por qué no fue informada ni explicada públicamente?
A esta incertidumbre se suma un hecho especialmente grave: el edificio conocido como Hildegard Halle, recientemente identificado como el cuartel de la DINA al interior de Colonia Dignidad, no está contemplado dentro de los polígonos propuestos para la tasación/ expropiación. La exclusión de este espacio, que posee un valor probatorio, histórico y judicial de enorme relevancia, refuerza aún más la necesidad de exigir transparencia total respecto de cómo se están tomando las decisiones, con qué criterios y bajo la influencia de qué actores, nacionales e internacionales. Resulta imperativo saber quiénes, a nivel individual e institucional, están participando —antes incluso de concretarse la expropiación— en la construcción de la narrativa y el diseño del futuro sitio de memoria, porque estas omisiones no son inocuas: condicionan desde ya lo que el país podrá recordar, investigar y transmitir a las futuras generaciones.
Este cambio no solo introduce un nuevo nivel de opacidad, sino que también aumenta la desconfianza respecto de la voluntad real o para avanzar con rapidez y consistencia en una política que ha sido presentada como una prioridad presidencial y como un pilar de la agenda de derechos humanos del actual gobierno.
Hoy, a año y medio del anuncio presidencial, la evaluación es clara: existen avances formales, pero también un grave déficit de transparencia, coherencia y decisión política. La ex Colonia Dignidad no es un predio cualquiera; es uno de los sitios más emblemáticos de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos en Chile y América Latina. La expropiación no es un trámite administrativo: es un imperativo ético y democrático.
Mientras sigan existiendo pasos administrativos que se toman sin explicación, informes externos cuya pertinencia es cuestionada, presiones de los antiguos colonos y obstáculos al trabajo de las instituciones públicas, la pregunta seguirá abierta:
¿Está Chile dispuesto a cerrar este capítulo con verdad, memoria y justicia, o seguiremos atrapados en la indefinición que ha marcado este caso durante décadas?
María Elena Acuña M.
Antropóloga Social
Vicepresidenta
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
