¿De qué se trata?
En su Consolidado de Información Circularizada 21, la Contraloría General de la República advirtió que entre los años 2023 y 2024, un total de 6.311 funcionarios públicos habrían vulnerado el reposo indicado en sus licencias médicas, al registrar trabajos e ingresos provenientes de otros empleadores.
El listado lo lidera la Fundación Integra a nivel nacional, con 214 funcionarios y un total de 1.733 licencias médicas. En el sexto lugar aparece el Servicio de Salud del Maule, con 87 trabajadores públicos en tal condición y 688 licencias médicas
En la 12° posición figura la Municipalidad de Talca, con 60 funcionarios y 413 licencias médicas. Un lugar más abajo, el municipio de Curicó, con 59 trabajadores y 517 licencias médicas.
¿Qué dice el análisis de Contraloría?
La información indica que se identificaron en total 48.682 licencias médicas asociadas a estos casos. En detalle, 2.538 funcionarios recibieron remuneraciones de otras entidades privadas o públicas, 3.611 percibieron honorarios y 162 registraron ambos tipos de ingresos mientras justificaban su inasistencia a sus labores públicas, mediante licencia médica.
Asimismo, se detectó que 150 de esos servidores obtuvieron pagos a través de plataformas digitales de intermediación de servicios, es decir realizaban labores de transporte, entrega de alimentos, compras u otros encargos.
¿Se suman a otras irregularidades?
Contraloría constató que varios de estos mismos funcionarios ya habían sido detectados en otras irregularidades relativas a uso irregular de licencias médicas, en informes CIC previos: 862 por viajes al extranjero durante su reposo (CIC N°9), 427 por asistencia a apostar a casinos (CIC N°15) y 138 por ambas situaciones.
¿Qué viene ahora?
Ante estos antecedentes, la Contraloría notificará a los organismos con funcionarios involucrados para que inicien los procedimientos disciplinarios, los que deberán reportar el inicio de los mismos mediante la plataforma SIAD de CGR, dentro de 5 días desde la notificación. Además, la CGR remitirá la información a la COMPIN y a la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social), así como al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que corresponden.
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