Recientemente el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declaró que “una institución tan relevante para nuestra sociedad merece ser respetada y cuidada”. Esta expresión surge como consecuencia de una propuesta elevada por la Convención Constitucional en orden a sustituir carabineros como institución policial por alguna otra que cumpla similar función.
Esta afirmación complementa una realizada hace algunos días atrás, de similar tenor, por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, al subrayar que sus actividades se enmarcan en la necesidad de cuidar las instituciones, no a las personas, sean estas los carabineros, la policía de investigaciones (PDI) o el Congreso Nacional.
Sin duda que todas las instituciones deben ser respetadas y cuidadas, pero este respeto y cuidado deben ganarse, y la primera responsabilidad de que así sea descansa en sus propios protagonistas, tanto los de la primera como los de la última línea. Pero por sobre todo, deben ganarse en base al comportamiento de quienes ostentan las más altas responsabilidades institucionales. Son sus más altas autoridades quienes deben dar el ejemplo.
En consecuencia, los primeros destinatarios de lo expresado por el director general de carabineros deben ser los propios carabineros, partiendo por su director y su alto mando. No se cuida para nada a la institución cuando se tienen a altos oficiales como sujetos de investigación por un fraude que supera los 25 mil millones de pesos en que habrían incurrido, en lo que se ha llamado el caso “pacogate”.
Del mismo modo es difícil que el Ejército se gane el respeto y cuidado de la ciudadanía cuando vemos a quien fuera su comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, es actualmente procesado por diversos delitos durante su carrera militar, sobre todo en su generalato, en una de las aristas del llamado caso “milicogate”. Y más recientemente tenemos el caso “PDIgate” cuyo último director general, Héctor Espinosa, está siendo investigado, junto con su cónyuge, por cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en su cuenta corriente bancaria sin justificación.
Lo mismo vale respecto del mundo político. No se puede esperar respeto ni cuidado alguno por las instituciones que conforman el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial cuando quienes los integran incurren en “malas prácticas” defraudando la fe pública por las más diversas vías. El fiscal Abbott se equivoca cuando cree que con “sus conversaciones” con diputados, senadores o ministros busca cuidar al Congreso Nacional. Lo cuidaría mucho mejor si por el contrario, se abstuviera de sostener tales conversaciones, o de “acotar las investigaciones”, y se dejara caer con todo el peso que la institucionalidad vigente le franquea para que los debidos procesos tengan lugar.
Lo mismo podemos decir respecto del mundo religioso, deportivo o cualquier otro. Si una autoridad religiosa incurre en un acto impropio a su cargo, inevitablemente salpica a la institución religiosa, más aún si la propia institución lo protege. No es llegar y afirmar que las responsabilidades son personales, no institucionales, cuando de autoridades se trata. Sin duda que hay fallos institucionales desde el momento que fue posible que sus autoridades violaran procedimientos, protocolos o normas escritas o no escritas.
Es imposible que una institución pueda ganarse el respeto y el cuidado ciudadano cuando quienes tienen las más altas responsabilidades son tentados por el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la malversación de caudales públicos, las influencias indebidas y/o el lavado de activos. Esto vale para toda institución de cualquier ámbito, tanto pública como privada, pero muy especialmente cuando de instituciones públicas se trata.
Por lo mismo, la propuesta de sustituir carabineros por alguna otra institución policial difícilmente logre su objetivo si no hay un cambio de paradigma en la sociedad –la búsqueda del enriquecimiento material a cualquier precio-, que motiva tantas conductas reprobables en todas las esferas. Lo que se requiere va más allá de un cambio de nombre o de color.
No está de más recordar que las instituciones se ganan el respeto y el cuidado ciudadano cuando las actuaciones y comportamientos de sus más altas autoridades cumplen con los más elevados estándares de probidad.
