El 21 de diciembre recién pasado, bajo la modalidad on line y multi plataforma, la Defensoría Penal Pública de la Región del Maule llevó a buen puerto un anhelo que siempre ha rondado la cabeza de esta institución en nuestra región: la actuación conjunta de las casas de estudios en materias jurídicas relevantes para el quehacer nacional.
Naturalmente, no se me ocurre algo más relevante a nivel nacional en materia jurídica que la redacción de una nueva Carta magna, razón por la cual estamos tan contentos de haber reunido a tres de las cuatro facultades de Derecho maulinas en torno a uno de los tantos temas que nuestros Convencionales deberán dejar sentados en nuestra nueva Constitución.
En efecto, ante la convocatoria regional, las Universidades Santo Tomás, Autónoma de Chile y Católica del Maule enviaron a distinguidos académicos, con el fin de entregar sus visiones en torno a la nueva redacción del Debido Proceso en el estatuto de garantías de la nueva Constitución.
Así, los profesores doctores en Derecho Rodrigo Medina Jara, Roberto Navarro Dolmestch y Emmanuel Bernales Basáez, intercambiaron ideas en torno a este concepto jurídico, de suma importancia apara todas y todos, y que ha sido profusamente analizado a nivel internacional, en tratados multilaterales y por la jurisprudencia de los más altos órganos internacionales del derecho de los DDHH.
El preludio de esta discusión lo dio la presencia de nuestra Convencional Constituyente, la abogada doña Patricia Labra, quien además integra la comisión de Sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, es decir, forma parte de quienes deberán decidir el destino de nuestro sistema de justicia para las próximas décadas.
Esta es la manera en que se construye saber, dialogando, compartiendo ideas y soluciones a los problemas que, sin lugar a dudas, tiene nuestro sistema de justicia, en todos los ámbitos, particularmente el penal.
Una de las soluciones a los problemas que se abordaron en este coloquio es la deuda pendiente de la autonomía de la Defensoría Penal Pública como órgano perteneciente a la triada del sistema acusatorio vigente en Chile y que es el único que aún no cuenta con autonomía orgánica y funcional constitucional o legal.
Este tema, el de la autonomía, ahora se encuentra en su punto más álgido, al existir al menos dos instancias en que prontamente se va a debatir: en la Convención, y en el reciente envío al Congreso por parte del Presidente Piñera del proyecto de ley que otorga autonomía a la Defensoría, esta vez de rango legal, para su pronta discusión en ambas cámaras.
Por ello, nunca se ha visto más cerca la anhelada autonomía, una deuda que la institución a la cual pertenezco va a saber responder, con principios modernos de gestión pública como la transparencia, el gobierno abierto, el accountability y el check and balance que exige un Estado moderno. Ojalá el año 2022, venga con esa “marraqueta bajo el brazo”.
