El sueño de la casa propia y digna es uno de los derechos fundamentales de las familias chilenas. Porque más allá de dónde puede o no vivir cada uno, lo importante es tener la seguridad de ocupar una vivienda con sabiendo que es propia, es decir, que su ocupación no depende de los vaivenes de terceros o bien de los reajustes de un arriendo, donde las ganancias van para el bolsillo del propietario.
Pero hay más, porque la consumación de ese derecho permite asegurar una herencia para la pareja o los hijos. Es decir, puras bondades que se derivan de tener una casa propia, por lo cual, la evolución o problemática para alcanzar ese sueño, debe constituir una prioridad para el mundo político y gremial, especialmente, del sector que agrupa a las empresas constructoras y que constituyen la contraparte del Gobierno.
Y eso es justamente lo que hoy está en duda, en gran medida, debido a los efectos de la pandemia y la paralización del sector productivo, debido a las cuarentenas que se decretaron durante la fase previa a la existencia de vacunas. A ello se agregaron fenómenos económicos como la inflación y el consecuente “quiebre” de los stocks de insumos y materiales, en gran medida, por una exacerbada demanda fortalecida por el circulante, ya que muchos vieron en la compra de una casa o renovación de la actual, una de las mejores inversiones que se podían realizar con los retiros parciales de los fondos acumulados en las AFP.
¿CUÁL ES LA VISIÓN DEL MUNDO PRIVADO?
Rodrigo Vargas, presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), es enfático en señalar que el déficit habitacional es una realidad concreta en Chile, en gran medida, porque el número de soluciones que ha entregado el Estado es insuficiente año a año, lo cual impide atacar en forma decidida la falta de viviendas para las familias emergentes en todo el país.
“Falta una mayor preocupación de todos respecto de afrontar el déficit habitacional. Esto no es solo del actual gobierno, ni del anterior o el de antes, porque vamos a completar cerca de diez años en que la vivienda dejó de ser una propiedad para el Estado. Es decir, mejoramos en calidad de vivienda, en metros cuadrados y terminaciones, normas térmicas, acústicas y urbanísticas, sumando a las normas antisísmicas. Todo eso hizo que la vivienda se encareciera mucho”, afirmó.
Según el directivo, los factores que impulsar el déficit hacia arriba son el crecimiento vegetativo de la población chilena y todos aquellos que han ingresado al país, sumado a una mayor expectativa de vida y que los hogares tienen una conformación más pequeña, con jóvenes que a corta edad se van a vivir solos y necesitan ocupar una vivienda. Así la estimación es de 140 a 150 mil requerimientos habitacionales nuevos por año, lo cual, en cuatro años, es una cifra gigantesca.
“En cuatro años podemos llegar a 600 mil y se van a construir apenas 260 mil. Es decir, el sector privado tendría que hacer el esfuerzo mayor para alcanzar el déficit calculado. A la larga, vemos que el déficit regional es de 19 mil y vamos a construir 16 mil. O sea, estamos relativamente bien, pero podríamos estar mucho mejor. Reconocemos que se están haciendo esfuerzos, pero están siendo insuficientes”, afirmó.
En materia de instrumentos para afrontar el déficit, Vargas comentó que la política habitacional debe ser diversa, esto es, ir más allá de los mecanismos tradicionales, aunque observó que el Maule ha sido particularmente exitoso en ocupar esas políticas. Pero, hizo notar que eso no impide tomar otras alternativas, atendida una situación muy cambiante en materia social, porque toda familia aspira en forma legítima a que sus hijos vivan mejor.
“Cómo Cámara regional hemos apoyado proyectos como las casas tuteladas para adultos mayores, demostrando que la gente puede vivir sin que necesariamente esté en propiedad, pero les permite ser autovalentes en el tiempo. Pero no se genera el camino de entregar una vivienda a un adulto mayor que está al final de su vida solamente para que se parte de la herencia a los hijos. Eso no es la mejor política habitacional. No es el caso de alguien que está formándose y sale del hogar, porque esa persona es necesario que tenga su vivienda en propiedad”, indicó.
La fórmula del gremio, entonces, es un mix de soluciones. Incluso, más allá del sueño de la casa para toda la vida. Ahora es una casa por cada necesidad, es decir, evoluciona según la circunstancia familiar y el desarrollo de la vida personal. “Esto requiere apostar a diversos instrumentos, donde la parte gruesa tiene que replicar los programas que tenemos hoy, pero complementados con programas nuevos y diversificados”, destacó Vergara.
“Creo que hemos sustentado la política habitacional, especialmente en esta región, trabajando a la par con los actores públicos, para lograr que, a pesar de todas las falencias, la respuesta ha sido adecuada. Y así lo demuestra que la región está entre las zonas con meno número de campamentos, aunque estamos entre las primeras en cuanto a población. El problema, en consecuencia, está en el hacinamiento. Lo que se reconoce es que hoy existen son 404 familia que estuvieron en campamentos. Habíamos logrado casi erradicar los campamentos, pero hoy está avanzando, claro que no al nivel de otras regiones”, indicó.
El tema clave es, por supuesto, en uso y destinación del suelo. Según el gremio de la construcción, todo va a depender de cómo se traduzca la política nacional. Vergara recordó que “el único generador de suelos es el Estado, porque fija el límite urbano y la densidad. Porque el Estado tiene mucho suelo que puede ser bien utilizado, esto es, el Ministerio de Vivienda, las instituciones armadas, las municipalidades y la empresa de ferrocarriles, entre otras.
“Es suelo público, hasta ahora, ha sido muy difícil de mover. Pero con este ministro se han dado muestras de que efectivamente se pueden utilizar más los suelos del Estado. En esa parte, creo que es conveniente. Ahora, respecto a la captura de las plusvalías, la realidad es que ya se hace, porque las contribuciones son una expresión del valor de la vivienda. ¿Qué más se quiere hacer? No lo sabemos, en especial, si la idea es subir al doble o el triple las contribuciones”, precisó.
¿QUÉ PLANES SE ES´TAN ELABORANDO DESDE EL GOBIERNO?
Diversificación en los instrumentos, así como gestión de suelos, estrategia territorial, operativa y social, son los lineamientos de la estrategia regional para hacer frente al déficit habitacional en el Maule. “Cuando ya hemos cumplido un poco más de 3 meses al frente de la Secretaría Regional Ministerial de vivienda, lo decimos con claridad y sin esconder nada: tenemos problemas que nos exigen trabajar con rigor, realismo y certezas, reunidos en torno al más amplio diálogo social”, aseveró el seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández.
“El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconoce que estamos viviendo una emergencia habitacional y una creciente crisis de movilidad urbana. Por tal motivo hace algunos días el ministro junto a la subsecretaria y al Presidente Boric dieron a conocer el plan de emergencia habitacional. Estamos enfrentando una situación crítica, de extrema gravedad, que no se presentaba desde 1996 y además con serios problemas de financiamiento, considerando que recibimos de la administración anterior el menor presupuesto desde que se recuperó la democracia en el país”, agregó.
En cuanto a la meta regional del plan de emergencia habitacional, el seremi destacó que “teniendo en consideración el Censo aplicado en el 2017 más la encuesta Casen el déficit habitacional en la región del Maule alcanzaba las 19 mil familias. Ahora para la elaboración del Plan de Emergencia Habitacional se hizo una proyección hacia el 2022 y el déficit que se maneja es de 25 mil 082 familias, lo que equivale más menos al 5 por ciento del total nacional.
“El plan de emergencia habitacional diseñado para el Maule nos convoca a aportar 16 mil 667 nuevas viviendas con un promedio de 4 mil nuevos hogares por año, lo que se traduce en alcanzar el mejor rendimiento acá en el Maule de los últimos 25 años. Sin duda estamos en presencia de una tarea muy compleja, pero tenemos la certeza y convicción de que con sentido de responsabilidad, urgencia, gestión integral y conocimiento la vamos a sacar adelante”, añadió.
En el detalle respecto a si se privilegiarán departamentos o casas, el seremi sostuvo que “la decisión responde al interés de las familias sobre cómo prefieren vivir, pero también hay que considerar que esa decisión está asociada a la disponibilidad del suelo. No en cualquier lugar podemos construir casas o departamentos, en especial, en comunas donde hay menos suelo disponible, la respuesta habitual es densificar en altura; y donde hay más disponibilidad de suelos, como es en comunas rurales, obviamente lo que se prefiere es el diseño en casas, por las tradiciones o cultura de la familia que habitará la propiedad. Esperamos dar una respuesta más bien mixta, considerando las necesidades e identidades locales”, indicó.
Ahora bien, ante el dilema si se privilegiarán los cascos urbanos de las ciudades o las zonas más alejadas del centro, la autoridad regional fue enfática en señalar que “naturalmente vamos a focalizar en los cascos urbanos. Nuestro principal desafío es volver a densificar los centros urbanos de las ciudades. Un gran ejemplo es lo que ocurre con Talca, donde está abandonado el casco histórico del centro para vivir hacia los extremos de la ciudad, aunque tenemos suelos en la zona céntrica que no estamos utilizando y que se transforman en vacíos urbanos”.
¿Van a existir mecanismos nuevos para acceder a una vivienda? En este punto, la respuesta del seremi apunta a “ser más creativos con la respuesta habitacional, dejar de pensar lo que habitualmente sen ha hecho, esperando una respuesta centralizada. Más bien, integrar respuesta, como lo que significan los planes urbanos habitacionales, integrando áreas residenciales a núcleos verdes que esperamos para las ciudades, utilizando mecanismos para hacer levantamiento de información. Se trata de programas que queremos integrar a las soluciones habitacionales que estamos necesitando hoy”, comentó el seremi de Vivienda.
Consultado por la disposición del suelo público, la autoridad recordó que la ley de integración social urbana establece un título específico sobre el plan de emergencia habitacional, donde se otorgan facultades para resolver sobre la destinación del suelo público, en general, incluyendo a instituciones como las Fuerzas Armadas o Ferrocarriles del Estado. “Por supuesto que tenemos gran respeto por toda la institucionalidad pública, pero naturalmente cuando estamos en situación de emergencia, buscamos que la mayoría de los actores nos ayuden a resolver esta situación regional de emergencia habitacional que estamos viviendo. No existen los intocables para el Estado”, dijo.
A su vez, en cuanto a la caída de la inversión en vivienda, el seremi precisó que “estamos haciendo todos los esfuerzos sectoriales para poder responder ar los problemas de financiamiento en el sector de la construcción y, naturalmente, que eso sirva como un puntapié inicial o soporte adicional, en realidad, a posibles caídas en inversión El incentivo financiero y económico naturalmente que reactivar. No solamente podemos movilizar recursos no gastados, sino además instrumentos nuevos”.
“El cierre del gobierno anterior en materia de vivienda y urbanismo, dio una respuesta del 3% al desfinanciamiento el año 2021. Este año, a la fecha, hemos dado respuestas entre un 12% a 15%, por resolución, sobre todo, en el fondo solidario de vivienda. A partir de eso, buscamos que esta clase de condiciones mejoren en el área de la construcción. Nosotros creemos que tenemos que trabajar con todos los actores que nos permitan responder a estas 16 mil viviendas nuevas que tenemos que crear. Y eso se hace con sentido integrador, transversal, colaborativo y articulador, entre todos los actores, públicos y privados, porque para el enorme desafío que tenemos por delante no sobre nadie”, puntualizó.
¿QUÉ VA A PASAR CON LA VILLA LAS AMÉRICAS DE TALCA?
Mónica Garrido, presidenta de la Mesa de Regeneración y Desarrollo Social de Las Américas, en Talca, terminó por zanjar las versiones contrapuestas entre los ex seremis de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda y Gonzalo Montero, respecto a las fórmulas que se aplicaron entre ambos gobiernos para afrontar la refacción o reconstrucción de los edificios, en especial, de las etapas que presentan más fragilidad.
“Estábamos todos contentos y felices porque era un programa que le iba a cambiar la vida a las personas, con áreas verdes, un terreno con árboles ornamentales, iluminación, juegos, canchas, señalética y parque para los niños. Pero con el tiempo solo se hizo una cuarta parte. Por ejemplo, comenzó el parque Canal de la Luz, pero solo se avanzó hasta la mitad. El plan maestro quedó armado cuando cambió el gobierno”, indicó.
En cuanto a lo que ocurrió con la etapa siete, la dirigente explicó que “se desarticuló al equipo de regeneración y quedamos en cero. Luego, dijeron que el plan maestro era un fracaso. Pero nos interiorizamos e informamos, tras lo cual, les dijimos que no. Pero la unidad patrocinante dijo que el proyecto no era viable, que no era posible ampliar porque los edificios no resistían el peso. Y había que buscar otra alternativa”.
“Y ahí se tomó la decisión de comprar los departamentos de la etapa siete, darles subsidios de salida a la gente y dejarlos como vivienda transitoria para las personas de las siguientes etapas a intervenir. Pero allí se demostró que no era viable la regeneración. Luego, se les ocurrió la idea de impulsar una construcción en nuevos terrenos, con 90 viviendas en edificios de cuatro pisos, las cuales se comenzaron a ofrecer a la gente de las etapas ocho y cinco. Pero la gente no lo aceptó y tuvieron que traer gente de afuera. Eso nunca estuvo considerado en el programa de regeneración y, en consecuencia, ahora existe un barrio dividido, desolado porque se fueron casi dos etapas y quedaron torres vacías, con tomas gigantes por inmigrantes ilegales, con delincuencia. Perdimos la seguridad y la tranquilidad. Es decir, estamos en tierra de nadie”, precisó.
Mónica destacó que, tras la llegada del nuevo seremi de Vivienda, a partir de este año, se efectuaron reuniones para conocer lo que había pasado con el programa original. Así el comité se volvió a actualizar, formado por mujeres y agrupando a las seis etapas involucradas. “Hemos estado trabajando y este Gobierno tiene una postura como fue en los inicios del plan. Nos ha escuchado y ya vamos en la etapa del Portal del Norte, lo que se va a construir después del desalojo y demolición. Se va a esperar que pase el invierno para intervenir”, subrayó.
En todo caso, la dirigente sostuvo que “la etapa siete ya está ok, con la nueva estamos listos con la construcción en nuevo terreno, después, con la etapa ocho obtuvieron subsidios de salida y se fueron. Y en la etapa cinco estamos buscando intervenir y cómo llegar a la gente sin conflicto. Ya no queremos la refacción, porque el Gobierno anterior entregó subsidios para hacer una nueva construcción, con estándares actualizados. Y no vamos a permitir que se nos regenere. Queremos que las demuelan y que se hagan de nuevo. Las autoridades nuevas están tratando de recuperar el plan y abordar de buena forma el desalojo”.
“Esto se está retomando como fue al principio, pero cambia el objetivo, porque ya no sería regeneración, sino demolición. Nosotros queremos edificios nuevos porque los actuales están muy obsoletos”, añadió la dirigente territorial. “También solicitamos entubar el canal de la luz y, luego, terminar el parque, junto con el retiro de la pandereta o muro que divide a Las Américas con la Villa Lircay. Eso nos ha provocado un estigma horrible. Actualmente son 10 torres los que están tomadas y eso nos sigue trayendo dificultades”, precisó.
