El proyecto de Reforma Tributaria presentado hace una semana trajo una buena noticia para la Investigación y Desarrollo (I+D), ya que, con la finalidad de fomentarla, se ha determinado que las empresas aporten un 2% de las utilidades como impuesto o como gasto que aumente la productividad, contratando la manufactura o servicios externos con proveedores nacionales.
Según las cifras 2021 del SII, el aporte de los impuestos de primera categoría fue de $6.995 miles de millones, unos $8.000 millones de dólares, por lo que este 2% adicional en I+D sería del orden de los $600 millones de dólares. No hay información suficiente como para saber cuánto de esta recaudación será redenominación y cuánto nueva inversión en I+D.
Las últimas estadísticas disponibles de I+D son las de la encuesta del INE del año 2017, donde se muestra que el gasto total en I+D fue de unos $1.000 millones de dólares, lo que representa un 0,4% del PIB; muy por debajo del 2,5% que exhiben los países de la OCDE. A pesar de diferencias metodológicas que pudieran explicar la disparidad de cifras, el 2% del que hablamos, haría disminuir en algo esa brecha, pero no alcanza para llegar a ese tan esperado 1% del PIB en inversión en I+D.
El problema es que para el SII no será fácil determinar el monto destinado por las empresas a I+D. La información de la que hoy se dispone es por encuestas y, por tanto, no ha sido contrastada, todo esto a pesar de que las normas contables IFRS hacen referencia expresa a la contabilización de I+D (NIC 38 y IFRS 3); es relevante destacar aquí que las normas son sólo guías y por tanto admiten cierto de grado de discrecionalidad, y la opinión de los auditores externos sólo repara en diferencias bajo criterios de materialidad.
Frente a la realidad y lo que propone la reforma tributaria hay preguntas que no tienen una fácil respuesta; una de ellas sería cómo diferenciar entre la gestión de la calidad y aquellas exclusivamente relacionadas a I+D. En muchos casos la distinción será difusa y, por tanto, se judicializarían los procesos administrativos, producto de las diferencias de opinión entre el SII y las empresas.
Una posible solución es que la I+D sea traspasada a instituciones acreditadas e inscritas en un registro creado para tal fin, ya que es ahí donde se genera el conocimiento de frontera y está el capital avanzado a nivel nacional. Un ejemplo de esto son los Centros I+D de Corfo, los que han demostrado tener una trayectoria relevante en esta materia. Otra, es permitir a las empresas trabajar con las Universidades, pues si se considera que del total del gasto salarial e inversión en I+D en Chile -denominado gasto intramuro-, un 46% es aportado por instituciones de Educación Superior.
Lo que sí se debe tener en consideración, es que si se quiere avanzar en disminuir la brecha de inversión en I+D con los países de la OCDE, ese 2% propuesto por el proyecto de reforma tributaria debiera ser mayor.
Nicolás Román y Anil Sadarangani
Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de los Andes
