Dicen que Mark Twain habría dicho: “la Historia no se repite, pero rima”, lo cual demuestra que el escritor norteamericano nunca estuvo en Chile. Porque, de habernos visitado, probablemente se habría convencido de que, efectivamente, la Historia vuelve a repetirse, una y muchas veces. Tantas, que a menudo nos parece estar viviendo una suerte de “loop” eterno, apenas con cambios del vestuario.
La Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha llamado a no aplicar la ley Aula Segura, a propósito de los numerosos hechos de violencia protagonizados por escolares de ciertos Liceos que, antaño, eran emblemas de excelencia en la educación pública del país. La Edil santiaguina ha instruido a los Directores de los establecimientos educacionales de su Comuna que no invoquen la señalada Ley, cuando los estudiantes infringen normativas de convivencia escolar, protagonizan enfrentamientos con fuerzas policiales o son sorprendidos portando algún tipo de artefacto explosivo o incendiario. Al mismo tiempo, la Ministra del Interior y Seguridad Pública le ha respaldado, señalando que cuando esa legislación se ocupó, se tuvo los peores periodos de violencia en los colegios. “La época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación”, señaló, siendo desmentida por ex autoridades de educación, de seguridad y legisladores de diversos sectores, incluidos parlamentarios socialistas, que remarcaron lo nefasto que puede ser el llamado de una autoridad a no aplicar una Ley.
Unos cuantos días antes, el Primer Mandatario Gabriel Boric declaraba que, en La Araucanía “ha habido actos de carácter terrorista”, calificando de problema semántico si aquellos hechos “son” terrorismo, o simplemente tienen un “carácter” terrorista. Pero, acto seguido, declaró que, a su juicio, no debiera aplicarse la Ley Antiterrorista, normativa que, según el Presidente, traería más problemas que soluciones a la zona en cuestión. La abstención explícita a utilizar dicho cuerpo legal, según el Mandatario, responde a las deficiencias técnicas de esa Ley antiterrorista, de las que el gobierno anterior (Piñera) se hizo cargo, presentando un proyecto de reforma de tal ley, cuya discusión ha sido innumerables veces postergada. Mientras, la cantidad e intensidad de “actos de carácter terrorista” se ha multiplicado, en perjuicio de la paz social y de las numerosas víctimas, que carecen de los operativos de seguridad de que hizo gala el Presidente en su resguardada visita de día y medio al “wallmapu”, como llamaba antes a la zona.
Así, varias altas autoridades, desde el Presidente de la República hacia abajo, con motivo de asuntos diferentes y escenarios distintos, han coincidido en una misma actitud: no dar aplicación efectiva a una Ley vigente, porque no están de acuerdo con ella.
“Se acata, pero no se cumple” decían altas autoridades coloniales en Hispanoamérica, cuando conocían de una Norma Regia que, a su juicio, no era práctica, acertada o pertinente. Y, sin desconocer las facultades legislativas del Monarca español, acataban la norma, pero ordenaban su no cumplimiento, con lo que la disposición quedaba en una suerte de limbo entre la existencia y la no vigencia. Letra muerta, habría que decirle. Por eso decía yo, al inicio, que la Historia sí se repite. Ante disposiciones legales originadas, tramitadas y aprobadas en perfecta conformidad con la institucionalidad vigente, una autoridad decide, en razón de su propio criterio y exclusiva voluntad, no aplicarla. No se trata del rechazo de una norma injusta, aprobada de manera no democrática o inspirada en principios cuestionables. Al contrario, se trata de leyes aprobadas por un Congreso que responde así a las exigencias ciudadanas de mayor seguridad y resguardo de la libertad y la convivencia social.
Resulta altamente preocupante que quienes hoy gobiernan, sientan que la aplicación de la Ley es un asunto opcional, confiado a su criterio o su mero capricho. De persistir esta actitud el tan mentado “estado de derecho” se transformaría en un funesto estado antojadizo, en que la obligatoriedad de la ley quedaría entregada al querer voluble de una autoridad.
Juan Carlos Pérez de La Maza
* Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
