¿Qué resolvió la justicia?
Prisión preventiva para dos imputados adultos y la supervisión de una adolescente bajo una institución colaboradora para menores infractores de ley, fueron las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Talca, a petición de la fiscalía, en contra de cuatro imputados por dos delitos de robo con violencia calificado por la circunstancia de retención de la víctima, descartando la hipótesis de secuestro por cuanto no hubo actos extorsivos a familiares de las personas afectadas por estos hechos. En todo caso, a la fecha, existen al menos otros dos involucrados que están prófugos de la justicia.
¿Cuándo y cómo ocurrieron?
Según la formalización de la investigación realizada este jueves por la fiscal, Gabriela Vargas, el primer hecho se registró el 23 de noviembre pasado, cuando el chofer de un automóvil del tipo taxi por aplicación recibió un llamado a las 03:15 horas, por parte de un usuario de nombre Sergio, quien le pide dos viajes que suman un costo de 30 mil pesos. El primer viaje era desde la calle 4 Norte hasta 16 Oriente y hacia la ruta K-613. Al llegar a la primera ubicación, se suben al auto dos mujeres y, a continuación, un sujeto que se instala en el asiento del copiloto. Y, por el costado del chofer, aparece un sujeto que se instala detrás del conductor. Al llegar a la primera parada, cercana al sector Maitenhuapi, donde se bajó una de las mujeres, dejando a la otra mujer en calle 16 Oriente. Después, los dos hombres son trasladados hasta la ruta K-613, pasando por Aguas Negras.
¿Qué ocurrió en ese momento?
Uno de los sujetos le dice que se detenga, porque quería vomitar. Pero era un engaño, por cuanto el que viajaba como copiloto, sacó un cu chillo con el cual amenazó de muerte al conductor, mientras el otro individuo se baja y obliga al conductor a descender a la fuerza. Después, lo amarran de pies y manos, para finalmente encerrarlo en el portamaletas. Así viajan cerca de una hora por distintos puntos de Talca, hasta que son observados por personal de Carabineros que los observa sin luces y a gran velocidad. Ahí comienza una persecución que termina en calle 19 Norte, a las 04:25 horas, cuando los policías logran darle alcance y detienen al conductor, de nombre Luis Álvaro Rojas Cáceres, para luego liberar a la víctima.
¿Y el segundo delito?
El segundo caso ocurrió el 1 de noviembre pasado, cuando los imputados adultos, Luis Rojas Cáceres y Sergio Vargas Candia, junto a dos niñas adolescentes, a las 03:15 horas, llaman a un chofer de taxi por aplicación, para pedirle que los vaya a buscar a la Población Faustino González, para viajar hasta un motel ubicado en la comuna de Maule. En el camino, uno de los sujetos le pide al chofer que pare para orinar a la orilla del camino, momento en que el otro sujeto lo amenazó con dos cuchillos, uno en el cuello y otro por el costado del cuerpo. Así ambos antisociales le registran las ropas y se apoderaron de 80 mil pesos en dinero en efectivo y del celular de la víctima. para finalmente exigirle al chofer que ingrese al portamaletas, donde finalmente lo abandonan amarrado en un árbol, escapando con el móvil de alquiler.
¿Qué otros antecedentes hay en la investigación?
La fiscal posteriormente leyó en extenso las declaraciones de los choferes, por cuanto allí ambos describen en detalle cómo los asaltaron y el tiempo que estuvieron retenidos en los portamaletas de sus respectivos automóviles. Luego, exigió la medida cautelar para los dos imputados adultos y el arresto domiciliario total para la menor de edad, todos formalizados por robo con violencia calificado por la retención de las ´victimas.
¿Qué alegaron las defensas?
En la audiencia se presentaron dos abogados defensores para los tres imputados, quienes se opusieron a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal. Luego, el tribunal acogió la medida de prisión preventiva en contra de los dos imputados adultos, pero rechazó el arresto domiciliario total para la adolescente, por lo cual, la fiscal planteó la sujeción de esta adolescente en manos de una institución colaboradora lo cual fue aceptado por el tribunal, limitando en tres meses el plazo de la investigación.
