Con el ánimo de aportar a la construcción de un (deseable, ¡qué duda cabe!) pacto fiscal, me parece importante sumar un elemento que es clave para todos quienes nos dejamos seducir por los argumentos técnicos: la democratización de la información con la cual se evalúan las políticas fiscales (y las políticas públicas más en general). Así, se requiere tener acceso a la información y modelos que sustentan, no solo las propuestas que emanan desde el ejecutivo, sino también, a las que surgen desde el hemiciclo.
Necesitamos hacer más objetiva la discusión, que las distintas partes puedan acceder a los mismos datos, hacer sus propuestas, y objetar con argumentos las que no les parezcan. Esto podría partir, por ejemplo, con la Oficina de Presupuestos del Congreso (OPC), puesto que es en el Congreso donde se llevan a cabo las discusiones más relevantes en temas de política pública (de hecho, ya está por comenzar la discusión en torno a la ley de presupuestos 2024). Por ello urge que los parlamentarios cuenten con datos objetivos y confiables respecto de las distintas iniciativas que ahí se discuten. Si alguien (Ejecutivo o Congreso) presenta un proyecto de ley que busca alcanzar ciertos objetivos de política, la OPC debiera ser capaz de acceder a esos datos y los modelos que sustentan las propuestas, llevar a cabo análisis de sensibilidad, y determinar así si es factible o no alcanzar lo que se propone.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que busca contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central, también debiera acceder oportunamente a toda la información relevante relacionada con las finanzas públicas. A modo de ejemplo, hace algunos días el CFA señaló en su informe trimestral sobre Balance Estructural que “el Consejo recomienda a la Dipres que actualice y publique las proyecciones de gastos asociados a la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.
En consecuencia, cuando un gobierno presente, por ejemplo, un proyecto de reforma tributaria, tanto la OPC como el CFA debiesen generar evidencia y estudios que muestren -desde una posición más neutral-, los efectos de las medidas propuestas dentro del proyecto, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Estos organismos debieran contar, por ejemplo, con estimaciones muy afinadas y actualizadas – y sustentadas desde lo técnico – respecto de los efectos del crecimiento sobre la recaudación tributaria.
Pero para que todo esto suceda, y que no solo organismos como la OPC y el CFA tengan análisis técnicos y objetivos que aportar –así como también centros de estudios, y la academia en general– se requiere que todos tengamos acceso a los mismos datos.
El libre e imparcial acceso a la información contribuiría a enriquecer y hacer más objetivo no solo el debate que nos convoca hoy, sino también a todos los proyectos que se discutan hacia el futuro. Todo lo anterior redundará en más y mejores políticas públicas.
Rodrigo Montero
Decano Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile
