No puedo dejar de pensar que cada vez que se organiza un paro de profesores, el mecanismo de presión no es otro que los propios niños.
En todo conflicto laboral, llámese paralización, huelga o paro, los que amenazan con no trabajar deben poseer dos elementos con los cuales presionar a su contraparte. Primero, negarse a ingresar a la faena, abandonarla, paralizar la producción o dejar de brindar el servicio. Amenazar de abstenerse de hacer algo que, si se deja de hacer, provocará un detrimento para alguien, normalmente la parte empleadora. Pero, además, los huelguistas, amén de dejar su labor, deben intentar convencer a la opinión pública de la justicia de sus demandas y la urgencia de satisfacerlas. Por eso, en estos procesos se distingue la presión ejercida por los huelguistas contra el empleador, de la presión de la opinión pública que les apoya en sus demandas.
La reflexión anterior, la hago a propósito del anuncio, hecho el viernes recién pasado, por los máximos directivos del Colegio de Profesores. Un paro indefinido de sus labores docentes, a contar del próximo martes, decidido por el 53% de sus bases, como reacción a la insatisfactoria respuesta gubernamental a un largo e histórico listado de peticiones gremiales que, en campaña, el actual Mandatario les prometió resolver.
¿Cuenta este paro con los dos elementos señalados más arriba? ¿Tiene la entidad organizadora algún elemento de presión sobre su empleador? Los profesores esgrimen que, a contar del martes 29 de agosto, no harán clases. Ante ello, cabe preguntarse ¿a quién provoca detrimento la ausencia de clases? Haciendo un símil: si la huelga provoca pérdida de ingresos al empresario, ¿quién sufrirá pérdidas, si las clases no se dictan? Respuesta: los verdaderos afectados no serán el ministro o el gobierno, sino los millones de niños y jóvenes más carenciados del país. Esos alumnos de la educación pública, son los mismos que obtienen los resultados más pobres en cualquier medición de aprendizaje. Los mismos que, en los últimos años, han tenido menos días de clases que sus semejantes de la educación privada. Entonces, el paro ejerce presión sobre personas equivocadas y genera perjuicio a quienes, supuestamente, busca beneficiar.
Pero, además, el paro anunciado tampoco cuenta con el segundo de los elementos citado: el apoyo de la opinión pública. Los millones de padres y apoderados de la educación pública del país no evaluarán positivamente la ausencia de clases para sus hijos. No sólo por los problemas prácticos que genera la no concurrencia a clases de los niños. También, y principalmente, porque esos millones de padres entienden que menos clases son sinónimo de menores aprendizajes. Los números del SIMCE están frescos en la memoria de cualquier apoderado responsable. Lo anterior, no pretende demostrar una supuesta ausencia de solidaridad pública con las demandas gremiales docentes. Podría haber justicia en algunas de aquellas peticiones. Sólo que, esos millones de niños no merecen ser utilizados como mecanismo de presión ni moneda de cambio, en este ni en ningún conflicto. Por legítimo que pudiera ser.
Entonces, cuando observamos el despliegue de estrategias para hacer regresar a las aulas a los 50 mil desertores del sistema escolar, para recuperar las clases perdidas en el estallido social y muchas más durante la pandemia, para reactivar la educación y recobrar los aprendizajes y, al mismo tiempo, escuchamos la convocatoria al paro de profesores este martes, algo no encaja. O estamos por elevar la calidad de la educación pública e intentamos mejorar los deprimidos niveles de aprendizaje que esos alumnos evidencian, o estamos por reivindicar pretensiones gremiales mediante la presión de la ausencia de clases a millones de niños de los sectores más necesitados de nuestra sociedad. O estamos por apoyar la educación pública mejorando su cobertura, constancia y calidad o, al contrario, estimulamos el éxodo masivo de estudiantes a la educación privada, donde sí se hacen las clases, donde se obtienen mejores aprendizajes y donde no se utiliza a los niños como rehenes en un conflicto gremial.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
