¿Cuál fue el anuncio?
Se trata del séptimo detenido en esta investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad UNAAC de la Fiscalía Regional que, finalmente, permite desbaratar una banda de sujetos que se dedican a robar autos de manera violenta a los conductores, utilizando incluso armas de fuego, para luego en los mismos móviles realizar asaltos en estaciones de servicio, locales comerciales e incendiando finalmente los vehículos.
¿Quién es el imputado?
Las diligencias ordenadas a la Brigada de Robos de la PDI de Talca, en el contexto de la denominada Operación Piducanos, permiten establecer que Javier Alonso Salazar Rojas -tras un allanamiento realizado este lunes en Talca- es quien lideraba esta banda y al ver que sus otros seis compañeros de delitos ya están en prisión e internación, intentó esconderse por algunsa semanas, siendo finalmente detectado y detenido.
¿Qué explicó la fiscalía?
El jefe de la UNAAC, fiscal Francisco Soto, tras formalizar cargos señaló que “se logra la detención de unos de los integrantes de la denominada banda de los Piducanos. Se trata de una banda que se dedicaba a delitos de encerrona, es decir, sustraer autos a través de amenazas y utilizando armas aparentemente de fuegos para posteriormente sustraer especies de locales comerciales, entre ellos, servicentros en diversos lugares de la Región del Maule».
¿Cuál es el balance?
«Con la detención de este imputado se concreta la privación de libertad de todos los integrantes de la banda criminal gracias la trabajo realizado por la UNAAC y la Biro de la PDI de Talca. El sujeto fue formalizado por dos delitos de robo con violencia cometidos con armas de fuego, uno de ellos en perjuicio de un local comercial donde actuaron cinco sujetos con armas y usando una inusual violencia. El otro delito es una encerrona cometida en Yerbas Buenas que afectó a un grupo de tres mujeres cuando llegaban a su domicilio», añadió Soto.
¿Qué decidió la justicia?
El persecutor explicó que el Juzgado de Garantía de Talca «acogió todos y cada uno de los argumentos presentados por el Ministerio Público, decretando la prisión preventiva del imputado y fijando un plazo de investigación de dos meses”.
¿Que viene ahora?
Tras la decisión judicial, la Defensoría Penal Pública tiene plazo de cinco días para presentar una apelación y, de esta forma, pedir que un tribunal superior, esto es, la Corte de Apelaciones de Talca, revise la legalidad y los antecedentes fácticos que fundamentaron la medida cautelar, escuchando también a la parte acusadora.
