¿Cuál fue la decisión?
En votación unánime, el Consejo Regional (CORE) del Maule aprobó un proyecto presentado por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, con recursos por $950 millones para dar continuidad durante 2024 a la Unidad de Análisis de Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía Regional del Maule.
¿Cuál fe la finalidad?
Se trata de recursos que permitirán sustentar por un segundo año consecutivo esta unidad especial, conformada por analistas y abogados asistentes, quienes se abocan a entregar apoyo a los fiscales en la investigación de delitos de alta complejidad, entre ellos, casos de connotación asociados al crimen organizado. A ello se suma una nueva cobertura de la unidad de atención a víctimas y protección de testigos.
¿Qué dijo la Gobernadora Regional del Maule?
Cristina Bravo comentó que «para nosotros es muy importante fortalecer la seguridad pública en la región y, por ello, valoramos la aprobación unánime de este proyecto de continuidad, porque nos permite asegurar la justicia en los territorios que es un compromiso que tenemos con el Ministerio Público y, obviamente, con la ciudadanía».
¿Qué dijo el Fiscal Regional del Maule?
Julio Contardo sostuvo que «lo primero es agradecer a la comisión y al pleno. Estamos siendo una región modelo. La propuesta de nosotros es ambiciosa. Así lo hemos planteado, porque en esta región hay virtudes que en otras partes no existen. Lo primero es que hay relaciones óptimas entre las instituciones y una coordinación importante con las policías».
¿Que otro factor es relevante?
«Ese contexto nos llevó a plantear un modelo que comenzó en el norte y que busca afrontar las grandes bandas internacionales. Y eso nos impulsó a partir con la iniciativa de no permitir que una banda nacional o internacional llegue al Maule y mantenernos como una de las regiones más seguras del país. La delincuencia es un problema muy extenso y, por ello, este proyecto apunta a las bandas criminales», comentó Contardo.
¿Que otro aspecto se destaca?
«También este proyecto nos va a permitir dar atención más cercana a los usuarios, para que podamos llegar a todas las personas y se sientan parte del sistema de justicia. Por ello, tenemos un modelo que nos permite contactar a las víctimas de delitos graves en un máximo de 12 horas. Y eso no ocurre en otros puntos del país. A su vez, los resultados son muy optimistas en apenas ocho meses de funcionamiento», añadió el Fiscal Regional.
