¿Qué ocurrió?
Los funcionarios del Ministerio de Agricultura en el Maule y a nivel país llevaron a cabo este miércoles 7 de mayo una movilización exigiendo el cumplimiento de demandas laborales al interior de esta institución clave para el desarrollo regional.
¿Cuáles fueron los motivos?
A través de una declaración pública firmada por la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Agricultura (AFUSA) se explicaron todos los detalles:
«En el marco de la última asamblea de funcionarios y funcionarias de nuestro Servicio, celebrada el 5 de mayo, y tras acuerdo adoptado por mayoría absoluta, se ha resuelto convocar a una movilización programada para el día miércoles 7 de mayo de 2025.
Esta acción responde a una serie de situaciones que han generado un profundo malestar tanto en los equipos regionales como del nivel central, afectando gravemente la percepción de principios fundamentales como la transparencia, el mérito y la idoneidad en los procesos institucionales.
Entre los antecedentes más relevantes que motivan esta acción, se destacan los siguientes:
• Nombramiento en grado 8 EUS en el Gabinete del Sr. Ministro de Agricultura, sin respetar el ingreso en grado 14 conforme a la Política de Personas vigente. Esta designación, además de vulnerar la norma interna, da la señal de que es posible «saltar la fila», en un contexto donde existen necesidades urgentes en diversas áreas y una larga lista de funcionarios y funcionarias que esperan hace años avanzar de grado por desempeño. La percepción instalada es que la cercanía con la autoridad ofrece beneficios inmediatos, en desmedro del mérito y la trayectoria.
• Presunto uso político de cupos, generando serias dudas sobre la objetividad en las decisiones del Gabinete Ministerial.
• Percepción generalizada de discrecionalidad y falta de transparencia en los procesos de selección y designación de personal. A lo largo de estos años hemos evidenciado cómo ingresan y salen personas contratadas bajo argumentos de necesidad institucional, sin procesos públicos ni concursos que garanticen la idoneidad y el mérito. Esta práctica debilita la legitimidad de los equipos de trabajo, especialmente en regiones, donde se requiere personal calificado, estable y comprometido con la realidad territorial.
• Irregularidades en el programa MALS, con funcionarios/as que permanecen en funciones sin desvinculación formal, y sin claridad sobre los protocolos aplicables. A ello se suma que los plazos que se toman para la toma de decisiones, así como los resultados de las investigaciones, no contribuyen a generar confianza en un procedimiento justo ni transparente.
• Recortes presupuestarios que impactan directamente en el quehacer institucional, incluyendo retrasos en viáticos, carencias de infraestructura, y condiciones laborales deficientes. Preocupa especialmente la discrecionalidad con que se asignan estos recursos, lo que genera desigualdades evidentes: no todos los funcionarios y funcionarias están expuestos a estas carencias en igual
medida
• Preocupaciones respecto a la idoneidad, grados y funciones de asesores, particularmente considerando la proporción de dotación total del Servicio. Observamos con inquietud que los gabinetes cuentan con una dotación numerosa y con sueldos importantes, mientras que en varias regiones aún se espera la contratación de profesionales que permitan cumplir con las tareas fundamentales. Esta desproporción atenta contra la equidad interna y dificulta la operación efectiva en los territorios, donde las necesidades son urgentes y reales.
Como organización, hemos sostenido un trabajo colaborativo y constante con las autoridades, el cual reconocemos ha significado avances relevantes en diversas materias que nos convocan. Sin embargo, no queremos ser testigos de cómo malas prácticas institucionales terminan por borrar con discrecionalidad y falta de ética los logros que con tanto esfuerzo se han conseguido.
Reafirmamos que esta movilización se enmarca en el legítimo ejercicio de los derechos colectivos, y tiene como objetivo visibilizar estas preocupaciones, con miras a que sean abordadas a través de espacios de diálogo institucional, con apego a la normativa vigente.
Desde AFUSA reiteramos nuestra disposición a colaborar activamente en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la confianza, el respeto institucional y el buen funcionamiento del Servicio».
