¿Cuál fue la decisión judicial?
A petición de la fiscalía de San Javier, el Juzgado de Garantía de dicha ciudad, decretó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad de un joven de nacionalidad argentina, de 18 años, estudiante de educación superior, tras ser formalizado por delitos de connotación sexual, además de almacenamiento y transferencia a terceros de imágenes de pornografía infantil, cuya víctima fue una menor de 15 años domiciliada en la región del Maule.
¿Cómo ocurren los hechos?
El fiscal, Oscar Salgado, quien coordinó las diligencias investigativas junto a la PDI, explicó al tribunal que los hechos se remontan a fines del año pasado, cuando una menor de edad que cursa estudios de enseñanza media, tomo contacto con el imputado, vía redes sociales en forma periódica. Tras ello, la menor y este sujeto comenzaron una relación de carácter sentimental.
¿Qué ocurrió después?
«En estas circunstancias, el imputado, desde el año 2022 en adelante, solicitó y luego, exigió a la menor, bajo amenazas, el envió a su teléfono celular de fotografías y videos pornográficos, lo que incluía posiciones sexuales explícitas, así como actos de connotación sexual y de las partes íntimas del cuerpo de la menor. Esto ocurrió en reiteradas ocasiones, lo que incluyó, además, conversaciones eróticas explícitas, lo que la niña realizó bajo amenazas. Las imágenes el imputado las almacenó en su teléfono celular y, en el mismo periodo de tiempo y a través de distintas redes sociales, procedió en forma consciente a enviar y distribuir a terceros, entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023. Todo esto, sin autorización de la menor», afirmó el persecutor penal.
¿Qué delitos fueron formalizados?
Los delitos formalizados corresponden a quien, bajo amenazas o intimidación, para excitación personal o de terceros, lleve a cabo imágenes pornográficas o de connotación sexual de una persona menor de edad, procediendo luego a su transferencia a terceros sin contar con autorización. Ambos hechos, añadió el fiscal, en carácter de consumados y reiterados en el tiempo.
¿Cuál fue el contexto?
El persecutor explicó que el caso criminal adquirió connotación pública cuando la menor hizo abandono de su domicilio el 6 de julio pasado, en horas de la madrugada, dejando una carta a sus padres, dando paso a que su madre presentara una denuncia por presunta desgracia ante la PDI, ya que la adolescente no contestaba su teléfono y la familia tenía antecedentes de la intervención de un sujeto de nacionalidad extranjera.
¿Qué diligencias investigativas se realizaron?
El persecutor explicó que la PDI logró establecer que el sospechoso había ingresado a Chile algunos días antes de la desaparición de la menor de edad, viajando desde Santiago a Talca, donde arrendó una pieza en un hostal, para después reunirse con la adolescente. Luego, ambos viajaron hacia Constitución y, el miércoles 12 de julio, regresaron a Talca, donde el sujeto tomó un bus para dirigirse al Aeropuerto de Santiago para viajar de vuelta a Argentina. Pero tras el retorno de la menor a su domicilio y una vez develados los antecedentes a la PDI y la fiscalía, el imputado fue detenido en Policía Internacional.
¿Qué se incautó en el teléfono celular del imputado?
El fiscal explicó que el detenido portaba su teléfono celular donde estaban almacenadas las imágenes de connotación sexual. A ello se agregó la declaración videograbada de la menor, donde ella explicó que «ambos tuvieron una relación sentimental a distancia, pero desde noviembre de 2022, el imputado le pide fotografías de sus partes íntimas, a lo que ella accedió. Sin embargo, cuando ella se negó a nuevas imágenes, fue amenazada con difundir las anteriores. Se incautaron videos de alta connotación sexual uqe fueron reconocidos por la víctima y que el imputad hizo entrega de manera voluntaria».
¿Por qué se solicitó la prisión preventiva?
El fiscal sostuvo que se configuran los requisitos legales para decretar la prisión preventiva, entre ellas, la gravedad y reiteración de los delitos, además de sus circunstancias, así’ como el hecho de que se trata de un sujeto de nacionalidad extranjera sin arraigo en el país. Si bien reconoció que habría una posible colaboración con la investigación, advirtió que una posible condena por ambos delitos sería de cumplimiento efectivo.
¿Que respondió la defensa?
El abogad, Eduardo Meins, de la Defensoría Penal Pública, replicó con oposicíón a la medida cautelara solicitada por el fiscal, sosteniendo que todos los hechos establecidos fueron consentidos por la adolescente, añadiendo que prueba de ellos es que no se formalizaron delitos de secuestro o violación. Precisó que los padres del imputado están viajando a Chile para acompañarlo en esta situación conflictiva y que, además, el joven registra domicilio y cursa estudiso superiores en Buenos Aires, Argentina, por lo cual, sostuvo que se hace posible el cumplimiento de medidas cautelares a través de la embajada de Chile en el país vecino.
¿Cuál fue el criterio del tribunal?
Tras el debate entre las partes en litigio, el tribunal se inclinó por la hipótesis del fiscal y dictaminó el ingreso del detenido a la cárcel de Linares, en calidad de imputado y por constituir tanto un peligro para la víctima como para la seguridad de la sociedad. A su vez, a petición de la Defensoría Penal Pública y sin oposición del fiscal, se limitó en 15 días el plazo para el cierre de la investigación.
¿Qué viene ahora?
Tras la audiencia, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal de cinco días corridos para presentar una posible apelación y solicitar que un tribunal superior revise la medida cautelar, esto es, la Corte de Apelaciones de Talca, donde también se debe escuchar a la parte acusadora en la investigación.
