¿Qué resolvió la justicia?
Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de Linares en contra del imputado de iniciales E.J.S.T., de 44 años y que presenta condenas previas desde el año 1997 en adelante, luego que fuera formalizado como supuesto responsable del homicidio culposo de su propio hijo, un menor de 16 años de nombre Diego.
¿Cuándo y dónde ocurrió?
Fue en horas de la madrugada del sábado 5 de junio pasado cuando personal de Carabineros de Linares fue alertado de que un menor de edad fue ingresado al hospital base, presentando una lesión balística en el cráneo. Luego, por orden de la fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares se hicieron cargo de la investigación, procediendo a la detención en flagrancia del padre de la víctima, de 44 años.
¿Qué pasó ese día en la justicia?
A petición de la fiscal, María Teresa Recabarren, el Juzgado de Garantía de Linares declaró la legalidad de la detención del imputado y, luego, aplazó la formalización de la investigación en 72 horas, atendidas las diligencias policiales y peritajes pendientes.
¿Cuál fue el resultado de esas diligencias?
La fiscal Recabarren, durante la formalización realizada este martes, explicó que, primeramente, el peritaje de autopsia estableció que la causa de muerte del joven fue un traumatismo craneano por lesión balística frontal en el cráneo, con un leve ángulo de arriba hacia abajo, sin salida de proyectil. La segunda fue el testimonio de la conviviente del padre del menor víctima y testigo directo de los hechos.
¿Qué dijo la mujer?
Según la persecutora, la testigo declaró que la madrugada de la tragedia, su conviviente –el padre de la víctima- y los hijos de la pareja, estaban celebrando una fiesta familiar. Añadió que, esa madrugada, su pareja salió de la vivienda y retornó portando una mochila, en compañía de un amigo. Ambos salieron hacia una plaza cercana, cuando la mujer dijo haber escuchado un primer disparo. Luego, vio a su pareja ingresar a la casa portando el arma y, al poco rato, se alarmó por un disparo al interior de la vivienda. Luego, el menor fue trasladado en un automóvil particular hacia el hospital.
¿Y qué dijo el imputado?
La fiscal explicó que el imputado realizó tres declaraciones. En las dos primeras, se desligó de toda culpa e incluso trató de sostener que la bala que lesionó a su hijo provino desde fuera de la vivienda tras un supuesto ataque de terceros desconocidos. Pero confrontado con el testimonio de su pareja, el detenido terminó por confesar su participación. El relato, indicó la persecutora, fue que el arma de fuego la había comprado horas antes de la tragedia, en la suma 400 mil pesos, a un sujeto que contactó por redes sociales. Luego dijo que esa madrugada salió a probar el arma con su amigo, disparando al aire en una plaza cercana a su domicilio. Pero al ingresar, le mostró el revólver a su hijo mayor y, en un macabro juego, le acercó el cañón a la cabeza del menor, en posición de disparo. Según su versión, el joven habría apoyado su frente en el arma con tal fuerza que le hizo percutar en forma accidental, desatando la tragedia familiar.
¿Cómo se sostiene esta versión?
La fiscal explicó que la versión del imputado es coincidente con los indicios periciales recogidos por la PDI en el sitio del suceso. Por ello, presentó cargos criminales en su contra por cuasidelito de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego. A la vez, destacó que le imputado presenta numerosas condenas por delitos como tráfico de drogas desde el año 1997 en adelante, la última por lesiones en violencia intrafamiliar fechada el año 2018, por lo cual, la persecutora exigió la medida cautelar de prisión preventiva.
¿Qué respondió la defensa?
La abogada, Carolina Vidal, de la Defensoría Penal Pública, replicó solicitando una medida cautelar alternativa como el arresto domiciliario, con el argumento que si bien estarían configurados los delitos formalizados, el imputado habría colaborado con la investigación y sus condenas previas estarían prescritas.
¿Cuál fue la decisión el tribunal?
La jueza, Evelyn Pérez, del Juzgado de Garantía de Linares, se inclinó por la solicitud de la fiscalía, estimando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. A la vez, limitó en seis meses el plazo de cierre de la investigación.
