Al servicio público se va a servir y no a servirse”. Esa frase, repetida tantas veces, cobra verdadero sentido cuando la acompañamos de otra reflexión que escuché hace poco y que me parece profundamente acertada: los cargos públicos son prestados, son pasajeros y son oportunidades para dejar lo mejor de nosotros.
Nadie llega a un puesto de responsabilidad para eternizarse en él. Llegamos —o deberían llegar quienes asumen esa tarea— con la convicción de que el tiempo es limitado y que cada decisión puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Porque gobernar no es administrar papeles; es administrar esperanzas.
Esta reflexión se vuelve especialmente significativa cuando recordamos compromisos que distintos gobiernos de turno han asumido y que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Pienso, con preocupación y tristeza, en los años de espera de los vecinos y vecinas del sector Panguilemo, en Talca, por su anhelado alcantarillado y acceso a agua potable. Un servicio tan esencial como básico, que para muchos puede parecer obvio, pero que para otras familias sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
Vivir sin agua potable y sin alcantarillado no es solo una incomodidad: es una vulneración a la dignidad. Es postergar condiciones mínimas de salubridad, es afectar la calidad de vida, es perpetuar desigualdades que el discurso público promete combatir.
Lo más doloroso no es solo la carencia, sino la reiteración de promesas que no se condicen con gestiones eficaces para avanzar en los procesos administrativos necesarios. Sabemos que todo proyecto requiere estudios, diseños, aprobaciones técnicas, financiamiento. Nadie desconoce la complejidad del aparato estatal. Pero lo que no puede normalizarse es que esa complejidad se transforme en excusa permanente para la inacción.
Y esta situación se vuelve aún más crítica cuando hay cambios en la administración del Estado. ¿Quién asume la responsabilidad y el liderazgo para dar continuidad a iniciativas que se financian con recursos públicos? ¿Quién garantiza que los proyectos no queden atrapados en la transición, archivados en un escritorio, esperando una nueva firma, un nuevo impulso, una nueva voluntad política?
Parece haberse instalado como algo “normal” que los proyectos demoren años y años antes de ejecutarse. Sin embargo, esa normalidad tiene un costo: lo pagan las personas. Lo pagan quienes siguen esperando soluciones concretas. Lo pagan quienes vuelven a confiar en una autoridad y vuelven a sentirse defraudados.
Cuando la confianza se erosiona, no solo pierde una administración; pierde la institucionalidad democrática. Cada promesa incumplida es una grieta más en la credibilidad del servicio público.
Lamento profundamente la realidad de los vecinos y vecinas de Panguilemo, que nuevamente ven postergadas sus esperanzas. Volvieron a confiar. Volvieron a creer en la palabra empeñada. Y, una vez más, sienten que les fallaron.
Si los cargos son pasajeros, entonces el legado es lo único que permanece. Y no hay legado más valioso que cumplir la palabra dada, especialmente cuando se trata de derechos básicos. Servir implica hacerse cargo, dar continuidad, asumir costos y resolver. Porque al servicio público se va, efectivamente, a servir. Y cuando se olvida esa premisa, quienes más sufren son siempre los mismos: las personas.
Sandra Lastra Morales
