¿De quiénes se trata?
Se trata del académico Dr. Milton Contreras, de la Universidad Católica del Maule (UCM) y de Felipe Norambuena, de la Defensoría Penal Pública de la región Biobío.
¿De qué se trata?
Ambos han sido invitados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a participar como perito social en un caso relacionado con vulneraciones sufridas por trabajadores en Perú tras procesos de desvinculación laboral durante el periodo del gobierno de Alberto Fujimori.
¿Cuál es la finalidad?
A diferencia de procedimientos anteriores, en esta oportunidad la corte y principal órgano judicial en materia de derechos humanos para América Latina, solicitó la incorporación de un peritaje social para evaluar, desde una perspectiva humana y social, los efectos de dichas vulneraciones en la vida de las personas afectadas. La solicitud surge tras un trabajo colaborativo previo entre defensores públicos interamericanos y profesionales chilenos expertos en el área.
¿Qué explicó el académico de la UCM?
Según explicó el Dr. Milton Contreras de la Escuela de Trabajo Social UCM, este peritaje «no solo se enfocará en las consecuencias laborales, sino también en aspectos como el daño social, psicosocial y el impacto en los proyectos de vida de las personas evaluadas”.
¿Qué significa?
El proceso representa un desafío inédito, dado que implica analizar el contexto histórico, social y político de Perú desde 1996 en adelante, incorporando una mirada integral que supere la tradicional evaluación documental que caracteriza a las pruebas en esta instancia judicial internacional regulada en la Convención Americana.
¿Cuál es la finalidad?
Contreras -quien cuenta con una amplia trayectoria académica e investigativa en materias de peritaje social- detalló sobre su intervención: “No se trata solo de entrevistar, sino de reconstruir historias de vida marcadas por la vulneración de derechos humanos, evitando a su vez la revictimización de las personas”.
Asimismo, destacó la importancia de esta oportunidad: «Es un reconocimiento a la investigación y práctica del Trabajo Social, y su capacidad de aportar nuevas perspectivas para la protección de los derechos humanos”.
