No quiero comentar lo más obvio de la Cuenta Pública de hace unos días. Muchos lo han hecho y ya sabemos que jamás se pondrán de acuerdo en la conveniencia de las medidas anunciadas, en el sustento real de lo prometido o en la objetividad del análisis presidencial. Prefiero comentar un pasaje específico de esa intervención: el acápite relativo a las armas, a sus poseedores, a su control y su eventual prohibición.
Demás está profundizar en una obviedad: las armas son peligrosas y su utilización genera, siempre, consecuencias lamentables. Armas han existido desde siempre. Palos, piedras, huesos, en un comienzo. Cuchillos, hachas, lanzas, más tarde. Revólveres, fusiles y cañones, después. Bombas, químicos y radiación, hoy día. Rayos láser y quizás qué cosa más se le ocurrirá al hombre en el futuro. El miedo a la agresión de los otros justificó armarse. Siempre con la idea, dicen, de defenderse. Nunca con la intención, dicen también, de agredir. Al menos así comenzó la historia. Hoy las armas dominan una porción notable de la producción económica mundial. Hay países que sustentas buena parte de su economía en la fabricación y venta de armas. Desde pistolas y fusiles, hasta aviones y tanques. Y nunca se cuestionan por hacerlo. Las armas, señalan para justificarse, son un mero instrumento al servicio de quien las utiliza. Un cuchillo sirve al cocinero tanto como al asaltante. El problema, entonces, no radica en las armas en sí mismas, sino más bien en la intencionalidad de quien las usa y en la tolerancia de quien debiera restringirlas. Así, el meollo del asunto no es tecnológico sino político y hasta sociológico.
Digo lo anterior, a propósito de lo anunciado por el Presidente en su Cuenta Pública. “Menos armas, más seguridad”, dijo el Mandatario. La idea es avanzar en una propuesta legislativa, a la vez que reforzar la incautación de armas con apoyo de Carabineros y la PDI; realizar operativos de fiscalización en armerías a fin de constatar el efectivo cumplimiento de los requisitos para la venta; intensificar la fiscalización de armas de fuego efectivamente inscritas; modernizar el sistema de control y registro de dichas armas; estimular y fortalecer las campañas de entrega de armas en poder de la ciudadanía a las autoridades; y generar un mecanismo de monitoreo de uso de armas de fuego en comunas. Todo eso está bien, creo yo. Nadie podría oponerse, razonablemente a un control más estricto y a elevar los requisitos para la tenencia de armas. No obstante, estimo, ese no es el camino principal, si queremos llegar al objetivo central, que todos deseamos, que es superar el ambiente de violencia e inseguridad que nos embarga.
El problema es que las medidas anunciadas por el Gobierno, que ojalá se cumplan, fiscalizan, restringen y pretenden impedir la posesión de armas por parte de “los buenos”, la ciudadanía que las adquiere legalmente, inscribe y permite su fiscalización por parte de la autoridad. Pero, ¿qué ocurre con las otras armas? Con las internadas por vías clandestinas, las fabricadas por armeros no sometidos a fiscalización, las modificadas para hacer letales armas de fogueo, las inscritas mañosamente usando datos de fallecidos, etc. Todos hemos visto, en televisión los denominados “funerales de alto riesgo”, un eufemismo para nombrar funerales de delincuentes (generalmente narcotraficantes), en los que se exhibe y hace uso de armamento por parte de quienes no debieran tenerlo. ¿Cuántos hemos visto videos en redes sociales, en que jóvenes se vanaglorian exhibiendo armas, sin duda no inscritas legalmente? ¿Y las armas exhibidas a vista y paciencia de las autoridades y las fuerzas de orden, en el “wallmapu”, como se dice a los futuros territorios autónomos? ¿Las armas con que se disparó a la comitiva de la Ministra del Interior, fueron fiscalizadas? Las declaraciones y comunicados de diversos grupos violentistas mapuches, muestran “weichafes” que portan armamento prohibido. ¿El Ministerio Público ha perseguido a esas personas?
¿Se aplicará toda esta batería de instrumentos de fiscalización en aquellos lugares, ocasiones y personas? El control y la reducción de armas en poder de quienes no debieran poseerlas, pasa por una decisión política y judicial que no se observa en la autoridad. El “adiós a las armas” está muy lejos de la simple intención gubernamental comentada. Es que la realidad, una vez más, no obedece a frases de discurso, ni palabras para la galería ni buenas intenciones.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
