¿Cuál fue el mensaje?
El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, dio a conocer de manera pública su preocupación ante la notificación de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito acerca del eventual retiro de 30 cámaras de televigilancia instaladas mayoritariamente en el casco histórico, por un problema de traspaso administrativo.
¿A qué se debe?
El alcalde explicó que se trata de una situación derivada del contrato entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa Ingesmart S.A., cuya duración de cinco años expira este 15 de diciembre.
Todo esto sin que el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Pública lograra hacer uso de la clausula de compra del equipamiento ya instalado y en funcionamiento desde el año 2020.
Esto significa que, a contar de la fecha anteriormente señalada, la empresa adjudicataria tiene un plazo de 60 días para retirar la infraestructura instalada.
¿Cuál es el impacto?
Esta situación no solo afecta a Talca, ya que el contrato implica la puesta en marcha de sistema de televigilancia en las comunas de Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Linares y Chillán, junto a la capital de la Región del Maule.
¿Cuál es la preocupación del alcalde de Talca?
“Creemos que la seguridad es el problema número uno en nuestro país y de esa forma hemos trabajado colaborativamente con el gobierno central, gobiernos regionales y también con la comunidad organizada para sacar adelante distintas iniciativas preventivas y también de apoyo para brindar seguridad a nuestros vecinos y vecinas (…) Pero ya esta semana nos llega un oficio donde se nos manifiesta que no se pudo hacer efectiva la opción de compra y las cámaras en un plazo de 60 días serán retiradas de los distintos puntos donde fueron instaladas”, explicó el jefe comunal.
¿Qué gestiones se están realizando?
El alcalde envió un oficio formal a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, solicitando que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la operación de las cámaras de televigilancia, haciendo la compra y traspaso administrativo a los municipios beneficiados, tal como era el espíritu del contrato establecido inicialmente.
¿Cuál es el mensaje?
“Estamos apelando al sentido común y también al sentido de urgencia que tiene relación con la seguridad para nuestros vecinos y creemos que es una señal errada por parte del gobierno central a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y por eso lo queremos hacer público y reiterar este oficio para que en definitiva esto no se retire”, recalcó Díaz.
¿Cuál fue la reacción política?
El diputado de la UDI por Talca y Curicó, Felipe Donoso, afirmó que no solo apoyará al alcalde de Talca en su petición para impedir este retroceso, sino que además iniciará acciones de fiscalización inmediata para evitar que esta situación se concrete.
¿Qué acción va a realizar?
Donoso anunció que oficiará al Ministerio de Seguridad Pública y a la Subsecretaría para que expliquen esta decisión, transparenten sus fundamentos y, sobre todo, corrijan urgentemente este despropósito.
¿Cuál es su visión de esta problemática?
El legislador por el distrito 17 recalcó que esto es extremadamente grave: 30 cámaras menos equivale al trabajo de 90 funcionarios en terreno.
Para el diputado UDI, en un contexto donde la delincuencia avanza sin pausa, la seguridad es la principal demanda de los vecinos y no se puede permitir ningún retroceso.
¿Cuál es la petición concreta?
Donoso solicitó al nivel central garantizar la continuidad inmediata de estas herramientas fundamentales para la tranquilidad y protección de las familias talquinas.
