¿Cuál es el contexto?
De acuerdo al informe “Estado de la Planificación Comunal e Intercomunal” elaborado por la gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el Maule existen 12 de 30 comunas aún no cuentan con un plan regulador comunal (PRC) vigente. Asimismo, comunas como Vichuquén cuentan con un instrumento de planificación territorial de hace más de 50 años.
¿Y esto en qué se traduce?
Lo anterior -según el gremio- podría traer como consecuencia, entre otros aspectos, la carencia de una visión compartida de desarrollo urbano, conflictos por el uso del territorio, pérdida de oportunidades de inversiones y menor capacidad de respuesta a las demandas de los habitantes. Así lo confirmó el presidente del Comité de Vivienda de la CChC Maule, Fernando Leiva.
¿Cuáles fueron sus palabras?
“Debemos trabajar en conjunto con la autoridad para acelerar la incorporación de suelo urbano a través de la aprobación de un número importante de planes reguladores que no permiten atender la demanda de vivienda para las familias más vulnerables, sobre todo en comunas donde hace más de 10 años no se construyen viviendas subsidiadas. Esta demora obliga en muchos casos a que las familias tengan que migrar a otras comunas o incluso a otras regiones para acceder a una vivienda”, subrayó el directivo gremial.
¿En qué comunas se focalizan los problemas para avanzar con nuevos proyectos?
«Los casos más críticos se presentan en Vichuquén, Hualañé, Licantén, Rauco, Empedrado y Retiro. Todas comunas que se encuentran dentro de las prioridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder cumplir con el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno y que no cuentan con PRC vigentes o tienen planes reguladores de larga data como es el caso de Vichuquén que tiene un plan regulador de más de 50 años. Nos falta suelo urbano para cumplir con la meta del Plan de Emergencia Habitacional en el Maule, lo que hemos conversado con nuestras autoridades”, enfatizó Leiva.
¿Cuál es la comuna que causa más preocupación?
El representante gremial comentó que “existen otros casos muy complejos como es el caso de Constitución que tiene un instrumento de planificación del año 1987 y al mismo tiempo tiene el número más alto de campamentos de la zona, que asciende a 131 familias”. Leiva agregó que estas materias han sido abordadas por la CChC en la Mesa de Nudos Críticos de la que forman parte junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
¿Cuál es la clave?
“El suelo urbano permite poder acceder a montos de subsidio superiores, capaces de solventar los costos actuales de los terrenos y su habilitación. En este caso, el Programa Fondo Solidario de Elección a la Vivienda (DS49) es la mejor opción para atacar el déficit, pero al mismo tiempo requiere una planificación territorial que factibilice terrenos. En este sentido, los planes reguladores intercomunales y comunales en vías de aprobación son herramientas muy útiles, ya que permiten a la autoridad evaluar proyectos con una base normativa que le de vida a nuevos conjuntos”, sostuvo.
¿Qué hace falta para avanzar?
“Hemos instalado el tema con nuestras autoridades y se ha avanzado en varias aristas, pero aún no contamos con la celeridad que este proceso requiere. Se necesita voluntad para acortar los plazos, tanto en la burocracia administrativa como en la revisión de los proyectos, donde sabemos que existe un número reducido de revisores para la cantidad de solicitudes. Eso sí, estamos esperanzados de que a propósito del Plan de Emergencia se hagan cambios tendientes a reducir la brecha”, precisó el directivo de la CChC Maule.
¿Cuál es la convocatoria?
“Es fundamental que los programas habitacionales se adapten a este desafío, tanto forma como en fondo, tomando en cuenta los plazos involucrados en la aprobación y posterior adjudicación de recursos, cuestión que en algunos casos supera el año de trámite, a lo que se suman las actuales condiciones en las que las constructoras deben trabajar los proyectos subsidiados, dentro de las cuales se encuentran el alza de los precios de materiales, la falta de mano de obra y la pérdida de la franquicia tributaria, que podría significar que muy pocas empresas puedan participar en la construcción de viviendas sociales”, sostuvo Leiva.
¿Que ocurre con los planes reguladores intercomunales?
“Toda la región requiere de una planificación. Es básico contar con lineamientos que rijan sobre la totalidad del territorio, sobre todo en el mundo rural. En este caso, los (PRI) permiten una gestión equilibrada de la zona que abordan, facilitando una mejor y más oportuna respuesta a las demandas de sus habitantes actuales y futuros en materias como la provisión de infraestructura, desarrollo productivo y cuidado del medio ambiente, entre otros”, añadió.
