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BANDAS CRIMINALES: La huella delictual que reveló la Operación Piducanos

Diario Talca tuvo acceso al detalle de los siete delitos formalizados por la fiscalía en contra de un grupo de seis antisociales que realizaban “encerronas” y asaltos violentos a servicentros

Fue hace una semana cuando poco más de un centenar de detectives, todos con equipamiento antibalístico y antivandálico, llevaron a cabo un despliegue relámpago en la Población San Miguel del Piduco, en el sector suroriente de Talca. El objetivo eran 15 domicilios sobre los cuales existía orden judicial de registro y allanamiento, gestionada por la fiscalía en lo que se denominó como la Operación Piducanos.

Se trata de una investigación que comenzó hace meses y que lleva adelante la Unidad de Análisis de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Maule, en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Talca. Allí se buscaron y establecieron patrones comunes entre robos violentos que ocurrieron durante julio y octubre del presente año.

A partir de registros de cámaras de seguridad, relatos de víctimas y otros indicios, se estableció que un grupo de sujetos radicados en Talca, se habían coordinado para perpetrar delitos de robos de vehículos bajo la modalidad de las “encerronas”, para luego utilizar esos móviles en asaltos a estaciones de servicio.

Así la unidad de análisis agrupó un total de seis denuncias que se investigaban en Talca, Linares y Retiro. Según la formalización realizada por la fiscalía, en audiencia pública, el primer caso ocurrió el 30 de julio pasado, a las 05:45 horas, cuando los imputados Diego Tapia Alvarado y Franco Espinosa García junto a otros dos sujetos no identificados, llegaron en una camioneta hasta la estación de servicio Shell ubicada a la altura del kilómetro 254 de la ruta Cinco Sur.

Según el registro de cámaras de seguridad, los antisociales se dirigieron hasta las oficinas administrativas, donde forzaron la puerta de acceso y le exigieron al trabajador de turno que entregara todo el dinero reunido, para luego golpearlo con pies y puños, además de fracturarle los dedos de las manos, mientras una mujer apuntaba a la víctima con un arma de fuego.

El segundo delito ocurrió el 5 de agosto del presente año, a las 00:40 horas, cuando los imputados Leonardo Pérez Albornoz y Diego Tapia Alvarado, se dirigieron hasta la comuna de Retiro, a bordo de una camioneta robada el 30 de julio del mismo año en Linares a través del método de la “encerrona”. En dicha ciudad, llegaron al servicentro COPEC ubicado en Avenida Alessandri con Avenida Vicuña Mackenna. En este lugar, amenazaron de muerte y golpearon al empleado de turno, para finalmente reducirlo.

Luego, procedieron a amarrar un cable de acero a la caja fuerte ubicada al interior de una oficina para arrancarla de su base, subirla al vehículo y escapar del sitio del suceso. Según estableció la investigación, en la caja fuerte había un monto de dinero en efectivo avaluado en casi 6 millones de pesos.

El tercer delito se registró en Talca, el 17 de octubre a las 23:20 horas, en la Botillería Cendyr ubicada en calle 16 Sur. Hasta ese lugar acudieron los imputados Diego Tapia Alvarado, Alejandro Mondaca Gómez, Kevin Sepúlveda Espinosa y Demian Araya Valdés, todos actuando concertados y portando armas de fuego.

Así amenazaron de muerte a la dueña del local, quien se vio obligada a entregar el dinero reunido en la jornada, aproximadamente $200.000 en efectivo. No contentos con ello, los imputados se apropiaron de dos botellas de whisky, 15 cajetillas de cigarros y cuatro latas de bebida energética.

El cuarto caso criminal se registró en Linares, el 18 de octubre, a las 23:00 horas, cuando el imputado Diego Tapia Alvarado junto a otros cuatro antisociales no identificados, abordaron un automóvil Peugeot con encargo por robo el 17 de octubre con una “encerrona”.

Luego, se dirigieron hasta el callejón Las Vertientes en la ruta L-31, camino a San Juan, donde atravesaron el móvil para interceptar a una víctima que viajaba en su camioneta Ford Platinum año 2023 de alta gama. El conductor tuvo que detenerse y fue apuntado con armas de fuego, viéndose obligado a entregar las llaves de la camioneta avaluada en 70 millones de pesos.

El quinto delito ocurrió el 20 de octubre y también corresponde a una “encerrona”, cuyo sitio del suceso fue la calle Colo-Colo en Linares, donde uno de los integrantes de la banda criminal, junto a otros dos sujetos, atravesó el móvil en el cual viajaba para bloquear la calle, amenazando con un arma de fuego al conductor de una camioneta Toyota Tundra año 2013.

La víctima trató de evadir la “encerrona” con una maniobra de retroceso. Sin embargo, uno de los antisociales le disparó en cuatro ocasiones, haciendo puntería en la cabina del móvil. Sin embargo, el chofer no se detuvo y logró escapar, obligando a los delincuentes a abandonar el lugar en dirección al norte, sin lograr consumar el grave delito.

A su vez, el sexto caso criminal ocurrió el 20 de octubre, también en Linares, cuyos protagonistas fueron Diego Tapia Alvarado y Alejandro Mondaca Gómez junto a Dilan Medina Méndez. Todos ellos, portando armas de fuego, llegaron hasta calle Manuel Rodríguez, donde esperaron la llegada de la dueña de una vivienda a bordo de su automóvil Station Wagon Hyundai, modelo Tucson, año 2022, avaluado en 30 millones de pesos. Allí estos individuos se apoderaron del automóvil tras amenazar a sus ocupantes, para escapar con especies de valor.

El séptimo y último delito tuvo carácter de flagrante y ocurrió durante el registro por orden judicial que realizó la PDI en una vivienda de la Población San Miguel del Piduco, en Talca, en la madrugada del martes pasado. Se trató del hallazgo de un arma con alto poder de fuego consistente en un fusil con municiones calibre 9 milímetros, atribuida al imputado Leonardo Pérez Albornoz.

A petición del fiscal Ángel Ávila, el Juzgado de Garantía de Talca dispuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los seis imputados, limitando en cuatro meses el plazo de la investigación. En todo caso, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal para presentar una apelación y pedir que la Corte de Apelaciones de Talca revise tanto la legalidad como los antecedentes fácticos que fundamentaron la medida cautelar.

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