¿Qué está pasando?
Ante el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó se dio inicio, en la mañana de este viernes, a un juicio donde el principal acusado es Martin Arriagada, alcalde titular de Sagrada Familia que se encuentra actualmente suspendido de su cargo, quien afronta cargos criminales por el grave delito de fraude al Fisco.
¿Cuáles son los hechos?
La acusación de la fiscalía, así como la acusación particular presentada por le Consejo de Defensa del Estado (CDE), coinciden en señalar que Martín Arriagada, junto a la coimputada, Isabel Alejandra Vásquez, funcionaria de la misma municipalidad, tenían conocimiento -junto a otros acusados que fueron objeto de salidas alternativas durane el proceso de investigación- que se autorizaba la entrega de licencias de conducir a personas que tenían multas vigentes ante el Servicio de Registro Civil sin efectuar el cobro que ordena la legislación.
¿Cómo sabían y cuánto dinero no fue cobrado?
Las acusaciones también coinciden en señalar que, a la fecha de los hechos, esto es, entre marzo y abril del año 2015, el Registro Civil había entregado a la municipalidad un disco compacto con el listado de patentes de vehículos motorizados con deudas pendientes de pago. Añaden ambas acusaciones que el monto no cobrado alcanzó 805 millones de pesos.
¿Qué penas arriesgan los acusados?
La fiscalía exigió para Arriagada la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo para la coimputada, sumando para ambos la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos públicos. Por su parte, el CDE exigió ambos imputados la pena de 7 años de presidio mayor en su grado medio, además de una multa correspondiente a la mitad del monto que equivale a las pérdidas para el Fisco. A ello, el CDE agregó una demanda civil exigiendo el pago solidario entre ambos imputados del total del monto defraudado.
¿Qué pasó en la primera audiencia?
Al inicio de la audiencia, los jueces llevaron a cabo la lectura de las acusaciones y, luego, fue el turno de alegatos para el fiscal, Miguel Gajardo, y la abogada querellante del CDE, Fernanda González.
¿Que respondieron las defensas?
Los abogados defensores e ambos imputados, Yamil Yaser y Marco Rivera Baeza, respondieron en sus alegatos señalando qeu pedirán la absolución de sus representados. Coincidieron en señalar que los hechos se explican por fallas técnicas en los sistemas que tenía la municipalidad para procesar la información que le entregaba el Registro Civil, además de alegar que esos datos correspondían a noviembre del 2014 y que, supuestamente, no estaban actualizados en marzo del año siguiente. También se dijo que el propio alcalde ordenó un sumario administrativo en la municipalidad que terminó sin responsables por estos mismos hechos.