¿De qué se trata?
Los hechos que fueron llevados a juicio por la fiscalía de Licantén ocurrieron el 24 de julio del año pasado cuando los condenados, Cristofer Fernando Muñoz López y Rafael Alexis Orellana Fuentes, en compañía de dos menores de edad, todos ellos con domicilio en Santiago, llegaron en un automóvil encargado por robo, llegaron hasta dicha comuna, en específico, hasta el sector rural de Idahue.
¿Qué paso allí?
Allí de manera violenta y portando un arma que aparentaba ser de fuego, los antisociales abordaron a una víctima que caminaba por el sector, obligándola a la entrega de las pertenencias que portaba, en específico, su teléfono celular y la billetera con 30 mil pesos en dinero en efectivo.
¿Qué ocurrió después?
Tras huir de ahí y en la ruta detienen la marcha para intimidar a una segunda víctima a quién también -tras ser intimidada- le robaron su teléfono y 20 mil pesos.
¿Cuál fue la reacción policial?
Tras la denuncia, la respuesta operativa de Carabineros finalmente permitió detener a esta banda de cuatro personas que, posteriormente, fueron acusadas y llevadas a juicio ante el Tribunal Oral de Curicó a cargo de la fiscal jefe de Licantén Mónica Barrientos.
¿Qué explicaron desde la fiscalía?
“Fueron condenados los cuatro sujetos, dos adultos y dos adolescentes quienes venían desde la ciudad de Santiago en un vehículo robado, para cometer delitos de robo en el sector costero, específicamente en Licantén donde asaltaron a una persona que transitaba en la vía pública y para lo cual utilizaron un arma de fuego tipo pistola y luego asaltaron a otra persona en la localidad de Iloca. A ellos se les condenó a 10 años y un día de pena efectiva de cárcel y también se les condenó por la receptación del vehículo motorizado a una pena de 3 años y un de cárcel efectiva” afirmó la fiscal Barrientos.
¿Cómo cumplirán las condenas?
A los adultos se les impuso además una multa de 6 millones de pesos y los menores fueron condenados a la pena de tres años bajo libertad asistida especial bajo la sujeción y control de un delegado acuerdo a un plan de desarrollo personal aprobado por el tribunal.
