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Condenan a delincuentes por desvalijar local cuya dueña tiene un hijo postrado

Grave delito ocurrió en septiembre de 2022 en la comuna de Colbún en la provincia de Linares

¿Qué resolvió la justicia?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares condenó a los imputados, Francisco Daniel Sepúlveda Mora y Tania Scarlet Quezada Bustos, respectivamente, a las penas de 7 y 5 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia, hecho perpetrado en septiembre del año pasado en la comuna de Colbún.

¿Cuáles fueron los hechos?

A partir de las pruebas aportadas por la fiscalía de Linares, el tribunal dio por acreditado -más allá de toda duda razonable- que, en horas de la noche del 7 de septiembre de 2022, la víctima «se encontraba en su domicilio, ubicado en Av. Bernardo O’Higgins, comuna de Colbún, en compañía de su hijo que se encuentra prostrado, llegando hasta el inmueble FRANCISCO DANIEL SEPÚLVEDA MORA y TANIA SCARLETT QUEZADA BUSTOS, previamente concertados y con el ánimo de robar, saltando, el primero el cierre perimetral, y la segunda por la puerta que le es abierta por por la víctima, para ingresar al negocio de ventas de alimentos para mascotas, que se encuentra al interior de dicho domicilio con el objeto de sustraer especies”.

¿Qué pasó después?

La sentencia agrega que, una vez en el interior del local, los imputados “agredieron a la víctima con un arma corto punzante, provocándole contusión craneal, herida corto punzante en el brazo, cadera, abdomen de carácter grave, según el dato de atención de urgencia, sustrayendo con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, la suma de $276.500 en dinero en efectivo, una billetera color negro con una tarjeta del Banco de Chile a nombre de la víctima, una cédula de identidad y diversas especies que acopiaron al interior de sus bolsos, huyendo del lugar con las especies”.

¿Cuáles fueron las penas anexas?

La sentencia aplicó, además, a Sepúlveda Mora y Quezada Bustos las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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