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Condenan a imputados por asaltar a víctima cerca del terminal de Talca

¿Qué resolvió la justicia?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca condenó a José Damián Díaz Valdés a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia, incluyendo al también imputado, Ignacio Javier Estay Rojas, con una sanción de 5 años y un día de cárcel por el mismo delito.

¿Cuáles fueron los hechos?

A partir de las pruebas ofrecidas por la fiscalía, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable que, alrededor de las 23:40 horas del 29 de noviembre de 2022, la víctima “L.E.C.C. transitaba por la plaza Arturo Prat de esta ciudad, fue abordado por JOSÉ DAMIÁN DÍAZ VALDÉS, sujeto que se encontraba circulando en bicicleta, quien junto a IGNACIO JAVIER ESTAY ROJAS, lo interceptaron con la intención de sustraerle especies, iniciándose un forcejeo del que la víctima logró zafarse para correr en dirección al terminal de buses Lorenzo Varoli».

¿Qué ocurrió después?

«En la entrada de los buses interprovinciales, fue nuevamente interceptado por Díaz Valdés, quien con su bicicleta obstaculizó el paso de L.E.C.C., haciéndolo caer al suelo; comenzó un nuevo forcejeo e intercambio de golpes de puño entre los dos aludidos, hasta que llegó Ignacio Javier Estay Rojas quien, junto a Díaz Valdés, golpearon a la víctima en diferentes partes del cuerpo, luego de lo cual se apropiaron de diversas especies que esta portaba, entre ellas, una mochila de color verde marca Lippi, un banano del mismo color y marca, unos audífonos, lentes de sol marca Versace y la suma de $70.000, huyendo ambos imputados con las especies es su poder», añade la sentencia.

¿Que lesiones sufrió la víctima?

A consecuencia de lo anterior la víctima resultó con escoriaciones en su mano izquierda y ambas rodillas, además de un traumatismo en su ojo izquierdo”.

¿Qué otras penas anexas se deberán cumplir?

El tribunal aplicó, además, a Díaz Valdés y Estay Rojas las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas de la causa. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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