¿Qué ocurrió?
La Contraloría Regional del Maule emitió un informe con el resultado de una auditoría realizada en la municipalidad de San Javier, en específico, a los contratos firmados por esta institución para los servicios de mantención y reposición de luminarias LED en dicha comuna. El objetivo fue verificar el cumplimiento de las normas que regulan el proceso de licitación en el periodo comprendido entre octubre de 2016 y septiembre de 2020, además de un examen a las cuentas financieras relacionadas con estos proyectos. Un dato relevante es que, por estos servicios, la municipalidad invirtió $1.447 millones de pesos.
¿En qué puntos se concentró la fiscalización de Contraloría:
El informe contiene al menos cinco puntos donde se detectaron irregularidades, de los cuales, destacan dos por tratarse de hechos que podrían constituir delito, por cuanto atentarían contra la probidad y, de hecho, motivaron a Contraloría para enviar copia del informe a la Fiscalía Regional. Uno de ellos apunta al contrato de prestación de servicios profesionales que realizó Manuel Héctor Crisóstomo Solar para la municipalidad de San Javier durante el año 2016, donde llevó a cabo funciones públicas como contraparte técnica a nombre de la entidad edilicia en la licitación del contrato de mantenimiento con reposición del alumbrado público con tecnología LED. El aludido contrato de prestación de servicios contempló un monto de $13.333.332 impuestos incluidos.
¿Quién es Manuel Crisóstomo Solar?
Manuel Crisóstomo ejerció por largos años como gerente zonal Maule de la Compañía General de Electricidad (CGE), cargo que lo llevó a sostener contactos no solo con el sector privado regional, sino también con todas las autoridades de relevancia, entre ellas, alcaldes y consejeros regionales. De hecho, tras abandonar el cargo en CGE, el año 2011 fue designado por el entonces Intendente y actual senador, Rodrigo Galilea, como coordinador del Comité Regional de Energía, donde le correspondía la labor de impulsar el uso de energías renovables no convencionales a través de proyectos de inversión pública con municipalidades.
¿Y qué pasó mientras trabajaba para la municipalidad de San Javier?
Ocurre que, según el informe de Contraloría, mientras ejercía el cargo público de representar a la municipalidad de San Javier durante el año 2016 en la licitación del recambio de luces LED, Manuel Crisóstomo tenía -al mismo tiempo- la calidad de socio mayoritario -con participación del 97,93%- en la empresa Inversiones Nonguen SpA. Ocurre que esta compañía, a su vez, tenía relaciones comerciales con la empresa Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática SpA (sucursal de ITELECO¿M) que justamente fue la adjudicataria de la licitación de recambio de luces LED en San Javier.
¿La municipalidad de San Javier estaba informada de esta situación?
Al respecto, la Contraloría Regional señala expresamente que esto ocurría «sin que se advierta que el citado prestador de servicios hubiera comunicado dicha inhabilidad a la autoridad comunal, lo que contraviene el principio de probidad administrativa». Al respecto, cabe destacar que el año 2016 ejercía como alcalde, Pedro Fernández (DC) en la municipalidad de San Javier. Pero a fines de ese año Jorge Silva (también DC) ganó las elecciones y renovó su cargo el 2021.
¿Qué otros hechos se desprenden?
Un segundo punto importante y que significó pérdidas económicas directas para la municipalidad de San Javier fue que, durante la ejecución del contrato con el proveedor del recambio de luces LED, no se cobraron multas a dicha empresa por la demora en 58 días para resolver las observaciones al proceso de recepción provisoria del contrato, a un valor por día de 3 UTM, Ello significó un detrimento en el erario fiscal por $3.157.636 calculado a enero de 2022, sin contar intereses. Para dar cuenta del pago de las multas la Contraloría le otorga un plazo de 30 días hábiles a la municipalidad.
¿Qué otros hechos se constataron?
-Se instalaron luminarias LED que no cumplían con los requisitos de las bases técnicas del contrato y que, además, era diferente a la oferta técnica
-Durante el primer año del contrato se aceptó una garantía de la empresa adjudicataria del 5% del contrato y no por el 10% que era la exigencia de las bases. Además, dicha garantía no se renovó entre los años 2018 y 2020
-Se identificó un decreto de pago fechado el año 2017 por $38.909.254 sin informe de trabajos debidamente autorizado y chequeado
-Se verificaron irregularidades en la etapa de ejecución de la obra en cuanto a condiciones mínimas de equipamiento e infraestructura de acuerdo a las bases.
