¿Quiénes realizaron la denuncia?
Las denuncias ante la Contraloría Regional del Maule fueron realizadas por los diputados Miguel Crispi, Giogio Jackson y Pablo Vidal, junto al concejal de Linares, Jesús Rojas, además de Natalia Castillo y dos personas que solicitaron el anonimato. Aunque hubo versiones extraoficiales, recién este fin de semana se hizo público el documento oficial de Contraloría Regional del Maule.
¿Qué hechos se investigaron?
La investigación apuntó a analizar la legalidad de las compras efectuadas por la municipalidad de Linares, vía trato directo, de un total de 36 mil litros de cloro por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), así como tres mil kits de testeo rápido de Covid-19 por parte del Departamento de Salud Municipal de Linares, ambos por una suma total de 96 millones de pesos. La denuncia apuntaba a que se habrían pagado valores por sobre los precios de mercado de ambos insumos.
¿Qué se concluyó respecto a la compra de cloro?
En este punto específico, la Contraloría concluyó que, si bien el trato directo aparece justificado, no consta que el DAEM haya tenido a la vista el número de colegios que serían desinfectados con este producto y tampoco requirió el acuerdo del Concejo Municipal, aunque la compra supera el límite de 500 UTM, por lo cual, se instruyó no repetir esta situación. A la vez, se estableció que los bidones no contaban con el etiquetado que exige el Ministerio de Salud, en cuanto a sus características químicas y protocolos para su utilización. Pero, igualmente, advierte que el DAEM pagó hasta 24 millones de sobreprecio por los seis mil bidones de cinco litros de cloro, en relación a las cotizaciones realizadas por la misma Contraloría Regional en locales comerciales de Linares.
¿Qué se concluyó respecto a los kits rápidos de Covid?
Al respecto, el informe señala que se constató el pago de un sobreprecio de 49 millones de pesos por la compra de los tres mil kits, en relación a cotizaciones realizadas por la Contraloría Regional. Esta situación, añade el documento, se contrapone “a la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias de los fondos y bienes públicos, Del mismo modo, no se avienen con que las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben velar por la eficiente e idónea administración de los caudales públicos”.
¿Qué medida instruyó la Contraloría Regional?
“La entidad auditada -municipalidad de Linares- tendrá que emprender las acciones necesarias para que en los futuros procesos de adquisición y/o contratación de servicios que convoque, disponga de los antecedentes respaldatorios que permitan acreditar, en la oportunidad que proceda, los análisis razonados de precios y de calidad de los bienes, entre otros, con el objeto de que no se efectúen pagos por productos y/o servicios a un mayor precio. A su vez, la materia será incorporada al sumario administrativo que incoará este organismo de control en ese municipio”, concluye el documento.
