¿Cuál fue la decisión?
En un documento de cinco carillas suscrito por el Contralor Regional del Maule, Carlos Basaez, dicha institución dictaminó la absolución de la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, en una investigación administrativa realizada en la municipalidad de Curicó tras denuncia anónima.
¿Cuál era el punto que decía relación con Cristina Bravo?
Contraloría Regional había solicitado a la municipalidad de Curicó remitir todos los antecedentes relativos a contratos a honorarios e informes entregados por Cristina Bravo cuando ejerció labores remuneradas para dicha entidad edilicia durante los siguientes periodos: enero a noviembre de 2018; todo el año 2019; febrero, marzo, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020; y enero y abril de 2021, es decir, cuando no tenía la claidad actual de Gobernadora Regional del Maule.
¿Por qué se piden estos antecedentes?
En el documento, Contraloría sostiene que el punto a investigar era si existían los informes de respaldo de las labores efectuadas por Cristina Bravo entre los años 2018 y 2021 para la municipalidad de Curicó, añadiendo que en caso contrario se debía exigir el reintegro de los pagos. Añade el ente fiscalizador que solicitó dicha información en cuatro oportunidades y que en todas ellas se habría entregado información incompleta desde la municipalidad.
¿Qué medidas adoptó la municipalidad y Contraloría?
En razón de ello, en particular, por el último requerimiento de información realizado por Contraloría, la propia municipalidad anunció una investigación interna destinada a establecer posibles responsabilidades funcionarias. Ello es refrentado por Contraloría que, además, instruyó remitir los resultados de dicha investigación interna a más tardar el próximo 31 de julio
¿Qué se resolvió respecto a los informes por los servicios a honorarios?
Al respecto, contando con los nuevos antecedentes remitidos en esta cuarta ocasión por la municipalidad de Curicó, la Contraloría Regional establece que «la falta de especificidad de las labores encomendadas a doña Cristina Bravo Castro se constituyen en un límite a la fiscalización de esta Contraloría Regional».
¿Y cuál es la conclusión?
«No obstante, teniendo en cuenta que los convenios de la especie tampoco regularon con detalle el contenido de los informes de cumplimiento y que tal omisión no resulta imputable a esa ex servidora, este Ente Contralor estima que no procede requerir el reintegro de los honorarios que aquella percibió», concluye el documento.
