Escribo mientras aún están “en proceso” los detalles de la denuncia por violación que se presentó en contra de Manuel Monsalve, el que fuera, hasta esta semana, Subsecretario del Interior y principal personero de gobierno en temas de seguridad.
La presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y, por cierto, cubre a todas las personas frente a cualquier imputación. La culpabilidad tiene que ser probada ante los tribunales pertinentes y, mientras tanto, el ex Subsecretario goza de ese amparo. No es culpable hasta que se demuestre que sí lo es. Y esto no debiera ser omitido al momento de analizar el caso, desde una perspectiva estrictamente jurídica. Sin embargo, si el mismo caso se observa desde otro ángulo, el político, se evidencia el enorme desacierto que se desató en el gobierno, ante la conducta del ex Subsecretario. Al respecto, sólo cabe exigir rigurosidad en la investigación y en el posterior juzgamiento, que todo caso de esta naturaleza amerita, evitar la revictimización que pueda afectar a la denunciante y, lo que nos ocupa ahora, intentar separar la vía judicial, del análisis político, que crecientemente se nos están mezclando.
La vía jurídica, judicial más bien, está recién iniciándose y probablemente iremos enterándonos de a poco de los complejos detalles que envuelven la denuncia, el comportamiento inmediato y posterior del denunciado, así como el de todos aquellos que supieron, antes que la ciudadanía, de tal presentación ante el Ministerio Público. Mientras, es poco más lo que se puede señalar en esta “arista”, como se estila decir ahora.
Pero en el otro escenario, el político, son demasiados los análisis y comentarios posibles. Quizás el más grave de todos es el involucramiento del propio Presidente de la República, que al reconocer haberse enterado la tarde del martes que el entonces Subsecretario había indagado en los sistemas de seguridad del hotel, debió saber que tal conducta podría constituir un delito. Y, en su calidad de funcionario público, el de mayor rango en el país, debió denunciarlo. Cada vez que estalla un caso policial o judicial que involucra a altas autoridades, la primera tarea del gobierno es aislar tal situación lo más lejos posible del Palacio. La Moneda no debió haber sido el escenario en que Monsalve reconoció la denuncia y su posterior abandono del cargo. Con ello, el político socialista involucró a quien, suponemos, debía proteger. Por otra parte, cualquier análisis de la conducta exhibida por la ex autoridad, necesariamente, lleva a concluir que cometió un desacierto tras otro. Convocar a una subordinada a una supuesta reunión de trabajo, fuera de las oficinas, es un desacierto. Más aún si, en la pseudo reunión, los asuntos tratados excedieron de la temática laboral. Y, constituye un despropósito inaudito, si en tal contexto se ingiere bebidas alcohólicas en cantidad inmoderada. Pero los desatinos no concluyeron ahí. Porque tras enterarse de la denuncia, el denunciado, usando sus prerrogativas gubernamentales, consiguió revisar las cámaras de seguridad del hotel y confesó tal hecho al Primer Mandatario, involucrándolo también.
Y en el contexto político tampoco ha habido una conducta juiciosa. La tardanza incomprensible para desvincular a Monsalve de su cargo, el extenso plazo que se le permitió para informar a su familia, las tareas gubernamentales que continuó cumpliendo más allá de lo que el sentido común aconsejaba, son otros errores políticos más. Tal como lo es la insistencia incomprensible del Presidente Boric de hablar inmoderadamente, “quitándole la pega” a la vocera de gobierno, quien pareciera no estar nunca disponible para enfrentar asuntos peliagudos. Un gobierno, cualquier gobierno, nunca está exento de cometer errores. La complejidad de las tareas puede motivar tropezones y caídas. Sin embargo, lo que distingue una administración eficiente de otra meramente improvisada es su capacidad de responder pronta y juiciosamente a los problemas. Pero cuando esa autoridad no sólo equivoca la reacción, sino que profundiza el problema, es dable calificar tal conducta como meramente amateur.
Hoy transitamos desde la presunción de inocencia, hasta la certeza del desatino.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
