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A la justicia funcionario del Conservador de Bienes Raíces por cohecho reiterado

Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar a petición de la fiscalía y la parte querellante

¿Qué resolvió la justicia?

A petición de la fiscalía local de Curicó y la parte querellante, el Juzgado de Garantía de esta ciudad decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un ex funcionario del Conservador de Bienes Raíces de Curicó, tras ser formalizado por delitos reiterados de cohecho.

¿Cómo partió la investigación?

El caso criminal se inició tras denuncia de la Corte de Apelaciones de Talca ante la Fiscalía Regional del Maule, el año 2021, por supuestos pagos irregulares que habría cobrado para realizar y agilizar trámites de personas particulares que acudían al Conservador de Bienes Raíces de Curicó.

¿Qué dijo la fiscal a cargo de la investigación?

“El Ministerio Público formalizó al imputado Felipe Moraga Ruz por 11 delitos de cohecho, la mayoría de ellos, en carácter de calificado previsto y sancionado en el artículo 248 BIS del Código Penal. El tribunal de garantía compartió los argumentos esgrimidos tanto por el Ministerio Público como por el querellante y decretó la prisión preventiva”, afirmó la persecutora, Marcela Rocha.

¿Cómo se desarrolló la investigación?

La fiscalía informó que se ordenaron diversas diligencias a la PDI, detectando los delitos entre los años 2018 y 2020, año en que asume el nuevo Conservador de Bienes Raíces de la ciudad curicana, Eduardo Del Campo Vial, quien fue sobreseído tras ser denunciado por el mismo imputado por acoso laboral. Sin embargo, esta situación tuvo un vuelco, ya que Del Campo Vial posteriormente se querelló en su contra por las irregularidades cometidas antes de su llegada.

¿Qúé dijo la parte querellante?

El abogad, Humberto Alarcón, como querellante en nombre del Conservador de Bienes Raíces de Curicó, explicó que el imputado «recibía pagos de terceros para realizar gestiones en el Conservador saltándose los conductos regulares y, con ello, perpetrando delitos reiterados de cohecho simple y agravado. Le pagaban a esta persona para que realizara actos cada vez que lo pedían, es decir, que los privilegiara para realizar trámites».

¿Por qué se decretó la prisión preventiva?

«El tribunal tuvo en consideración el número de delitos y su gravedad, además, si es condenada no tendrá derecho a una pena sustitutiva. Se fijaron seis meses para la investigación. Se seguirán realizando diligencias para establecer la responsabilidad no solo de la persona formalizada, sino también otros que aparecen participando en estos ilícitos. Son delitos de alta gravedad», añadió el abogado querellante.

¿Qué viene ahora?

La defensa del imputado en prisión preventiva tiene plazo legal de cinco días para apelar y, con ello, llevar el caso hasta la Corte de Apelaciones de Talca, donde se podría revisar los fundamentos legales y fácticos de la medida cautelar, escuchando también a la fiscalía y la parte querellante.

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