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Defensa insiste en demencia de imputado por muerte de manifestante

¿Qué ocurrió?

Tal como estaba programado, ante el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó comenzó este martes el juicio por cuatro casos de homicidios, tres de ellos frustrados y uno consumado, correspondiente este último al asesinato del joven de 25 años, José Miguel Uribe Antipani, todos ocurridos el 21 de octubre de 2019 en el contexto de las manifestaciones y protestas por el denominado “estallido social”.

¿Cuáles son los hechos de la acusación de la fiscalía y las partes querellantes?

La acusación señala que, durante esa jornada, el imputado Francisco Fuenzalida Calvo salió de su hogar a bordo de una camioneta Toyota de color rojo, portando un arma de fuego del tipo pistola con dos cargadores de municiones balísticas. Añade que el detenido acudió hasta la Avenida Manso de Velasco con calle Merced y Estado, donde realizó disparos contra un grupo de personas que estaban en el lugar. Así resultaron lesionadas tres víctimas: Ricardo Solís, quien sufrió un traumatismo y fractura con incapacidad permanente del brazo izquierdo; Nicolás Espinoza, con fractura en la pierna izquierda con secuelas moderadas; y Miguel Ayala, con un trauma toráxico no penetrante.

¿Cuándo ocurre el crimen de José Miguel Uribe Antipani?

Según la acusación, luego de realizar estos disparos, el imputado se habría dirigido hacia la ruta Cinco Sur, en el acceso sur de Curicó, en el kilómetro 187, donde con la misma arma de fuego habría disparado contra personas que se estaban manifestando, entre ellos, José Miguel Uribe Antipani, quien sufrió una lesión penetrante toráxica que le causó la muerte por anemia aguda.

¿Qué otros hechos ocurrieron?

Según las partes acusadoras, con posterioridad, el detenido fue objeto de un registro en su domicilio por parte de la PDI, donde se incautó el arma de fuego del tipo pistola con los dos cargadores y las municiones, descubriendo también una segunda arma de fuego del tipo fusil, ambas no inscritas y sin permiso para porte o tenencia. A ello se sumó la incautación de 240 cartuchos en el mismo domicilio.

¿Qué condenas exigen la fiscalía y los querellantes?

La fiscalía de Curicó exigió la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por los cuatro homicidios, tres frustrados y uno consumado; y dos penas de 3 años y un día de presidio por los delitos de tenencia ilegal del arma tipo pistola y la segunda arma del tipo fusil. Luego, las partes querellantes en representación de las víctimas sumaron demandas civiles donde exigen millonarias indemnizaciones por daño moral.

¿Cuál es la versión de la defensa?

El abogado Mauricio González, defensor particular de Fuenzalida Calvo, explicó que el imputado tiene 62 años, de profesión técnico mecánico, padre de cinco hijos y sin condenas previas. Luego, aclaró que el detenido no es un “próspero empresario”, aclarando que padece depresión severa que se acentuó cuando murió uno de sus hijos, derivando en un trastorno de personalidad bipolar que le fue diagnosticado hace 20 años. Agregó que por todo ese tiempo fue objeto de atención psiquiátrica en Santiago con tratamiento farmacológico, pero advirtió que, ante su deficiente situación económica, debido a decisiones erróneas, a mediados de 2019 fue derivado a la salud pública en Curicó.

¿Qué pasó con el tratamiento según la defensa?

Según la defensa, al imputado se le confirmó la depresión severa y la bipolaridad, para luego recetarle medicamentos bioquivalentes, los cuales rechazó atendido que no le hacían efecto, por lo cual, al día de los hechos llevaba un mes sin tratamiento farmacológico. Por ello, argumentó que el detenido es inimputable por enajenación mental, agregando que si bien reconoció algunos hechos en su primera declaración voluntaria ante al PDI, su responsabilidad penal no puede hacer efectiva.

¿Qué ocurre con la situación económica del imputado?

Según la defensa, el imputado tenía cuatro empresas, pero al momento de los hechos, solo una de ellas quedaba activa, correspondiendo a servicios de movimiento de tierras. Añadió que, para salvar dicha empresa, debió comprometer un préstamo bancario por 200 millones de pesos para comprar maquinaria nueva, las cuales llegarían a Curicó a mediados de octubre y el día 21 debían estar operando. Pero advirtió que, debido a las protestas y cortes de rutas, no pudo trasladar la maquinaria lo que significaba una virtual quiebra.

¿Entonces qué pasó el día 21 según la defensa?

El abogado González sostuvo que el 21 de octubre el imputado comenzó a ver televisión y redes sociales, constatando que había protestas violentas en todo el país, entre ellos, en Curicó. Añade que salió de su domicilio en la camioneta portando la pistola, para confirmar que habían saqueado el supermercado donde realizaba sus compras. Además, quería ver si era cierto que una turba caminaba hacia el sector de Zapallar para saquear y quemar las casas, justamente donde vive. Precisó que, tras confirmar que los manifestantes habían quemado peajes y saqueado el supermercado, se los encontró en un semáforo, donde disparó el arma hacia las personas, añadiendo que lo hizo sin advertir que dejó a personas lesionadas.

¿Y en el caso de la muerte de José Miguel Uribe?

Al respecto, la defensa sostuvo que no existe participación del detenido, recordando que por estos hechos había sido formalizado un soldado del Ejército que estuvo dos meses en prisión preventiva, hasta que fue levantada esa investigación y se formalizó ese delito a Fuenzalida Calvo.

 

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