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Defensor Nacional: “Tiene que volver la presencialidad en el Poder Judicial”

En entrevista con Diario Talca, Carlos Mora instó por la autonomía reitero la demanda de autonomía para esta institución que forma parte del sistema penal chileno (por Hernán Espinoza con fotografías de Luis Casanova)

¿Cuál es su carrera en la reforma procesal penal?

“Yo ingresé cuando comenzó el sistema procesal penal en la Araucanía y allí estuve casi cinco años. Luego, cuando partió en la Región Metropolitana, llegué a Santiago y allí estuve más o menos 20 años, para luego terminar mi periodo como uno de los defensores regionales. Luego, salí al mundo privado por un año, pero después postulé y fui nombrado como Defensor Nacional, cargo en el que llevo 11 meses”.

¿Cómo se encuentra la institución en estos momentos?

“Si buscamos un calificativo, nuestra institución es de elite en el sistema público. Tenemos funcionarios con un alto nivel de vocación, lo cual ha hecho que tengamos una excelente imagen nacional con otras instituciones del sistema penal. También a nivel internacional donde hemos recibido importantes reconocimientos y, de hecho, me corresponde participar como secretario general de la Asociación Interamericana de Defensores. Entonces, tenemos una muy buena reputación. Desde ese punto de vista técnico, siempre es complejo tener una institución que mantenga el mismo estatus en relación al Ministerio Público y el Poder Judicial, porque nosotros no somos autónomos”.

¿Es decir, que no sean autónomos es una dificultad para el desarrollo de la Defensoría Penal Pública?

“Es complejo, porque si bien somos la contraparte del Ministerio Público, tenemos la desventaja de no tener la autonomía que pensamos es necesaria”.

¿Qué ocurrió con esa demanda en el contexto de la reciente Convención Constitucional?

“Efectivamente la Convención acogió la petición de nuestra institución cuando nos presentamos. Allí expusimos la necesidad de que nos otorgaran la autonomía institucional, lo cual fue acogido por los convencionales. Más allá de que fue rechazada esa propuesta constitucional, a la fecha, existe una opinión transversal a favor de la autonomía de la Defensoría en el mundo político, académico y jurídico. Ya eso es un gran avance. Sin perjuicio de aquello, a fines del año pasado se ingresó un proyecto de ley de autonomía institucional que está en trámite en el Congreso. Así que esperamos reimpulsarlo. Efectivamente, no vamos a dejar de lado ser autónomos”.

¿Y podría ocurrir que la autonomía de la Defensoría sea uno de los contenidos mínimos en el nuevo proceso constituyente?

“Claramente no somos los llamados a fijar pautas. Pero creemos que, si aparece el Ministerio Público y el Poder Judicial como entes autónomos, es necesario que la Defensoría también tenga ese perfil. Estas tres instituciones trabajan de la mano, porque donde hay un juez, hay un fiscal y un defensor. Por ello, es evidente que debemos tener igualdad de condiciones”.

Se cuestiona mucho a la Convención por no haber incorporado el reconocimiento de los derechos de las víctimas. ¿Cree usted que era necesario?

“Nosotros no hemos entrado en ese debate de que exista o no una Defensoría de las Víctimas. Creemos que ese es un debate político. Pero sí podemos decir que las víctimas deben ser protegidas como corresponde y allí el rol principal es del Ministerio Público. Más allá de que se cree o no una institución que vele por las víctimas, pero lo cierto es que actualmente el Ministerio Público tiene que hacerse cargo como corresponde”.

Pero ellos en el esquema del Código Procesal Penal no representan a la víctima…

“Depende desde el punto de vista. Porque, efectivamente, ellos hacen una persecución y ejercen el interés punitivo para representar a la sociedad, pero evidentemente que donde ocurre un delito hay una víctima. Y no es una explicación plausible para la ciudadanía señalar que no representan a las víctimas”.

¿Es usted partidario de retornar a la presencialidad en los tribunales del sistema penal, es decir, juzgados de garantía y tribunales orales?

“Absolutamente se tiene que volver la presencialidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. El sistema se basa en principios y uno de ellos es la inmediación. Comprenderán todos que juzgar a una persona por la tele no es lo que buscaba el legislador. Se entiende que tuvimos momentos complejos, pero actualmente es necesario volver a la presencialidad”.

¿Cuál fue la política de la Defensoría durante la pandemia?

“Nosotros estamos y estuvimos cien por ciento presencial. Puede haber casos excepcionales, pero jamás se dejó de estar cerca del imputado y de poder acompañarlo mientras se podía y el sistema lo permitía, especialmente, en los controles de detención. Pero si el Poder Judicial dictaminaba que todo era vía telemática, eso iba más allá de nuestras intenciones. Ahora bien, si no hay presencialidad, por ejemplo, el defensor no se puede entrevistar con la familia. Y eso ya no puede ser”.

¿Qué consecuencias ha traído que todavía no tengamos presencialidad en la justicia penal?

“Lo que pasa es que tenemos un rezago de causas muy grande que, si bien es cierto se están destinando recursos para incrementar la dotación de jueces, fiscales y defensores, lo cierto es que jamás va a alcanzar si seguimos en forma telemática. Yo creo que ya no se justifica la justicia telemática y tiene que ser cien por ciento presencial. Esa es una opinión no mía, sino que es institucional por la cual nosotros hemos instado a nuestras instituciones hermanas”.

¿Qué le han respondido desde la Corte Suprema?

“Ellos dicen que están trabajando en aquello y también el Ministerio Público, pero parece que tienen temas internos que lo complejiza. Pero en lo que es la Defensoría, siempre tuvimos un plan que fue coordinado con el Gobierno para efectos de cómo se iba a regresar, según el plan oficial del Ministerio de Salud. Jamás dejamos de atender a nuestros usuarios y tratamos de llegar a las personas en tiempos complejos”.

¿Esperan que el anuncio de la vuelta a la presencialidad sea para el nuevo año judicial 2023 o antes?

“Yo espero que mucho antes. Es lo que queremos. Creemos que esto no da para más y que tiene carácter de urgente. Esa es la visión que tenemos como institución. No se pueden continuar haciendo audiencias ni menos juicios orales de manera telemática. Eso ya no se justifica. Están todos los servicios públicos trabajando, el comercio y la calle con gente. Se hacen eventos masivos y por qué no podemos tener una justicia como corresponde, como está diseñada en la ley”.

Ahora que se vienen cambios en el liderazgo principal del Ministerio Público. ¿Qué esperan del nuevo Fiscal Nacional?

“No creemos que sea importante la edad, pero creemos que Jorge Abbott ha tenido tiempos complejos. Ha tenido aciertos y errores, lo cual puede pasar después de siete años en un cargo. Tuvo que afrontar el estallido social. Lo que sí nos gustaría es que el nuevo Fiscal Nacional sea con vocación de servicio público, con conocimiento de nuestro sistema procesal penal, con empatía con las otras instituciones y, ojalá, tan cercano como fue Jorge Abbott con la Defensoría Penal Pública. Tenemos excelentes relaciones y eso para nosotros es fundamental”.

¿En materia de política criminal piensa ustedes que es más eficiente que el Ministerio Público se oriente más hacia el crimen organizado y dejar las causas del día para otras modalidades de persecución penal y salidas judiciales o no judiciales, según el mérito de cada denuncia?

“Por sobre todo, creemos que lo más importante es tener claro cuál es la política criminal. Eso es fundamental. Que sean más homologadas a nivel nacional, no solamente que dependa de cada Fiscal Regional que se persigan ciertos delitos más que otros. Creo que sería bueno fijar las políticas criminales de manera clara, sobre todo, para la ciudadanía, porque cuando la ciudadanía evalúa al Ministerio Público, le está poniendo nota a todo el sistema penal. Por eso es que le deseamos lo mejor al nuevo Fiscal Nacional”.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Carlos Mora Jano es abogado, magíster en ‘Derecho penal. Aspectos Sustantivos y Procedimentales”, aprobado con distinción, Universidad Central de Santiago de Chile (2009).

Inició su labor como defensor penal público en la Defensoría Regional de Araucanía, específicamente en la Defensoría Local de Villarrica (2001-2003); luego se desempeñó como abogado de la Unidad de Estudios (2005- 2007); Jefe de la Defensoría Local de Santiago (2007 – 2010); Jefe del Departamento de Estudios (2010 – 2011); Jefe de la Defensoría Local de Santiago (2011-2012); Jefe de la Unidad de Estudios Región Metropolitana Norte (2012-2015); y Defensor Regional Metropolitano Norte (febrero 2015 a marzo de 2020).

El 2 de noviembre de 2021 asumió como Defensor Nacional tras ser nombrado en el cargo por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de ganar el concurso realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Mora Jano es también autor del libro ‘El control de las medidas intrusivas en el proceso penal chileno’, Editorial IUS CIVILE, junio 2018, y académico de la Universidad de Talca.

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