¿Qué ocurrió?
Tal como informó Diario Talca el Juzgado de Garantía de Talca decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de una mujer de 53 años imputada por la fiscalía como autora del supuesto delito de parricidio en contexto VIF.
¿Cómo ocurrió?
La fiscalía sostuvo, sobre la base de evidencias recopiladas por la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca, que la imputada, Elisabeth Sánchez, apuñaló en el tórax a su ex conviviente, Héctor Rodón Albornoz, de 43 años, causando su muerte al interior de un departamento de propiedad de la mujer ubicado en el barrio norte de Talca en la madrugada del pasado domingo 25 de mayo. Ambos mantuvieron una relación de convivencia que se prolongó por dos años pero a la fecha estaban distanciados.
¿Qué resolvió el tribunal?
El juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, luego de extensos alegatos entre dos fiscales y el abogado de turno de la Defensoría Penal Pública, se tomó una hora para deliberar y, finalmente, sobre la base esencialmente de registros de conversaciones de WhatsApp entre la imputada y la víctima, a través de una testigo, optó por dar justificada la existencia del delito y la participación de la detenida.
¿Qué hará la defensa?
Tras la audiencia, el abogado, Milton Alcaíno, de la Defensoría Penal Pública, comentó que «no compartimos el fallo por cuanto estimamos que nuestra representada actuó en legítima defensa. Por tanto, estamos evaluando para hacer uso de nuestro derecho al recurso que corresponda en los plazos legales, para ver si se puede revertir la medida cautelar por un tribunal superior».
¿Qué significa?
En la práctica, esto significa que la Defensoría resolverá si opta por apelar a la medida cautelar ante al Corte de Apelaciones de Talca, para lo cual, cuenta con plazo legal de cinco días corridos, pero también podría optar por el camino legal de un posible recurso de amparo de garantías constitucionales ante el mismo tribunal de alzada, buscando revertir la decisión de primera instancia.
¿Cuáles son los fundamentos¿
En su alegato, el abogado defensor sostuvo que la víctima era objeto de un historial de violencia sexual, física, psicológica y económica por parte de la persona fallecida, quien -según esta versión- habría literalmente utilizado su relación con la mujer para obtener dinero y pagar deudas de pensiones de alimentos con sus hijos de una anterior relación sentimental.
¿Cuál es su versión del día de los hechos?
La defensa planteó que el día de los hechos, la imputada contactó a su ex pareja para exigirle que le pagara dinero y se reunieron en la Alameda con 8 Oriente, trasladándose luego hasta el domicilio de la mujer. Allí ambos consumieron alcohol, precisando la defensa que el imputado trató de drogar a la mujer con cigarrillos de cannabis sativa.
¿Qué pasó después?
Según la defensa, la víctima habría forzado a la imputada terminando en una violación, tras lo cual, además de golpearla, la amenazó de muerte con un cuchillo en el cuello, en cuyo contexto, la mujer se habría defendido, le quitó el cuchillo y apuñaló a su agresor. Por ello, el abogado planteó la circunstancia eximente de responsabilidad penal de legítima defensa.
¿Qué otro antecedente?
La defensa añadió que, aunque se reafirme el delito formalizado, la imputada igualmente tiene circunstancias atenuantes por haber declarado voluntariamente ante la fiscalía, donde entregó su teléfono celular y las claves para su acceso por parte de la PDI, además de no haberse dado a la fuga tras el hecho y permanecer en el sitio del suceso donde fue encontrada por sus familiares.
