Qué ocurrió?
En el plazo legal, la Defensoría Penal Pública decidió presentar una apelación a la medida cautelar de prisión preventiva decretada el 3 de julio pasado por el Juzgado de Garantía de Talca en contra de los denominados “falsos veterinarios”, esto es, los hermanos, Álvaro y Sergio Aguilar Osores, quienes se encuentran actualmente relucidos en la cárcel de Curicó por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad.
¿Qué delitos enfrentan?
El 3 de julio, en audiencia judicial, la fiscal, Loreto Escobar, presentó cargos criminales contra ambos imputados. En el caso de Sergi Aguilar, los delitos formalizados corresponden a ejercicio ilegal de la profesión de veterinario, previsto en el artículo 213 inciso 1° del Código Penal; abandono o maltrato animal, previsto y sancionado en el artículo 291 bis del Código Penal; y tráfico de pequeñas cantidades de drogas del artículo 4° de la ley 20.000, todos ellos, en calidad de consumados. Y respecto de Álvaro Aguilar, los delitos formalizados fueron ejercicio ilegal de la profesión de veterinario, previsto en el artículo 213 inciso 1° del Código Penal; falsificación o uso malicioso de documentos públicos del artículo 193 N° 1,, 2 y 4, en relación con el artículo 194 y 196 del Código Penal; abandono o maltrato animal previsto y sancionado en el artículo 291 bis del Código Penal; y tráfico de pequeñas cantidades de drogas del artículo 4° de la ley 20.000, todos ellos, en calidad de consumados.
¿Qué dice la Defensoría a favor de Álvaro Aguilar?
Respecto de este imputado, que se hacía llamar como el “Doctor Pool”, en alusión a un famoso veterinario de la TV, el escrito de apelación firmado por la abogada, Paz Díaz, de la Defensoría Penal Pública, sostiene que “el imputado sí tiene título de Médico Veterinario y grado de licenciado en ciencias veterinarias y pecuarias, emitido por la Universidad del Mar, de fecha 28 de noviembre de 2008, por lo que malamente podría existir un fingimiento de titular de una profesión, la que además, le habilita a implantar chips, solicitar inscripciones, realizar cirugías, emitir recetas y adquirir fármacos necesarios para realizar su ciencia, y por tanto, adquirir la sustancia investigada y que se encontró en su poder denominada ketamina”.
¿Qué señala respecto al maltrato animal?
Al respecto, el escrito de apelación señala que “podría discutir una cuestión de mala praxis o negligencia médica, sin que sea constitutivo del ilícito antes indicado. Así las cosas, además de lo ya indicado, en cuanto a la existencia de tres de los simples delitos investigados, es necesario tener a la vista que se trata de una persona con irreprochable conducta anterior quien, objetivamente, podría ser acreedor de cualquiera de las penas sustitutivas previstas en la ley 18.216, resultando absolutamente desproporcionada la medida cautelar decretada en su contra”.
¿Qué responde a la formalización por tráfico de drogas?
Según la Defensoría “los elementos encontrados en su domicilio, incluyendo la ketamina, pueden ser utilizados para las intervenciones y procedimientos terapéuticos en que se asista al correspondiente médico veterinario sin que ello permita dar por acreditado los ilícitos investigados.
¿Y respecto a Sergio Aguilar?
En cuanto a este coimputado, la Defensoría señala que “se desempeña como trabajador de comercial Aliagro. empresa que cuenta con profesionales médicos veterinarios que pueden adquirir la sustancia incautada en su domicilio”. Todo esto, en relación a los hallazgos de fracos con ketamina en manos de este imputado.
¿Qué pide la Defensoría a la Corte de Apelaciones de Talca?
En el escrito, se indica que la medida cautelar decretada contra ambos imputados “ocasiona un claro perjuicio que sólo puede ser subsanado, con la revocación de dicha resolución por la Corte de Apelaciones, por cuanto se está privando de libertad ambulatoria a una persona, derecho fundamental de todo ser humano”.
¿Qué va a ocurrir ahora?
Una vez recibido el recurso de apelación, desde el Juzgado de Garantía de Talca, la Corte de Apelaciones deberá convocar a alegatos a la Defensoría Penal Pública, la fiscalía y la parte querellante, esto es, el Colegio de Médicos Veterinarios. Todos ellos tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos, tras lo cual, el máximo tribunal regional resolverá si confirma, revoca o sustituye la medida cautelar.
