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Defensoría explicó como «error administrativo» detención de sujeto colombiano en la frontera

Sujeto extranjero estuvo detenido por 24 horas por una supuesta medida cautelar que estaba sin efecto desde un tribunal en Santiago

¿Qué ocurrió?

Fue el fin de semana cuando se conoció el caso de un joven de 22 años, de nacionalidad colombiana, quien fue detenido por Gendarmería Argentina tratando de ingresar a Chile a pesar de tener una orden judicial de prohibición de salir del país.

¿Qué paso en el complejo aduanero Pehuenche?

Tras la entrega del joven colombiano a personal de extranjería de PDI, dichos policías confirmaron que la orden judicial estaba vigente en sus sistemas informáticos. Así la Fiscalía de Flagrancia Regional ordenó la derivación del detenido al Juzgado de Garantía de Talca por un supuesto delito de desacato flagrante.

¿Qué ocurrió en el tribunal?

Desde Talca se requirió información sobre este caso al tribunal que dictó la medida cautelar, esto es, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se informó que la orden estaba sin efecto. La fiscal de turno, Gabriela Vargas, aclaró que dicha orden fue levantada el año 2020, cuando el mismo joven cumplía condena por el delito de robo con homicidio, siendo menor de edad, lo cual a la fecha está concluido en la justicia chilena.

¿Qué se resolvió finalmente?

Tras descubrir el error, la jueza, Marta Asiaín, del Juzgado de Garantía de Talca, decretó la libertad inmediata del detenido.

¿Qué comentaron desde la Defensoría Penal Pública del Maule?

Al respecto, Rodrigo Flores Ulloa, jefe de Estudios de la Defensoría Regional del Maule, comentó que “considero que no es un problema de fiscalía de flagrancia, porque la causa era de un Tribunal Santiago, ni el fiscal o jueces tenían como saber que se había dejado sin efecto esa resolución porque correspondía a la jurisdicción de Santiago».

¿Cuál es el análisis jurídico?

«No observo una falta de diligencia por parte de Flagrancia ni del Tribunal. Sin embargo, el hecho de que la persona haya tenido que pasar por esta experiencia de privación de libertad, se podría haber evitado si se hubiese emitido oportunamente los oficios que correspondían para dejar sin efecto la orden de detención o el arraigo y eso no ocurrió. O si ocurrió, aquel funcionario encargado de dar de baja esa orden de los sistemas policiales no lo hizo», comentó Flores.

¿Qué lecciones deja este caso?

«La reflexión que surge es que las medidas cautelares que se decretan, aun por muy simples que parezcan, pueden traer consecuencias a las personas. En ese sentido, hay que ser bastante rigurosos cuando se decretan prohibiciones o medidas como el arraigo que, si bien a primeras luces se ven como medidas que afectan poco los derechos de las personas, pueden a la larga generar trámites administrativos, los cuales, si no se realizan, traen consecuencias para las personas que se ven afectadas. Finalmente, la persona por un error administrativo termina privado de libertad un día completo, en circunstancias que no había ya razón que lo justificara”, afirmó el jefe de estudios de la DPP Maule.
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