Partamos señalando que un Plebiscito es, casi siempre, una pregunta dicotómica. Ante ella, la ciudadanía debe expresar su parecer respecto de dos opciones y marcar la que prefiere. Este mecanismo democrático es conocido de los chilenos. Las actuales generaciones ciudadanas han participado de varios plebiscitos, constitucionales, como los que hubo hace poco. Generaciones un poquito más “experimentadas” recordarán, sin duda, aquel plebiscito de 1988. Y, ya observando la Historia, nuestro país ha tenido varias consultas plebiscitarias más. Pero ocurre que, a veces, una elección también deviene en dicotómica. Las segundas vueltas son, por definición, una pugna entre dos opciones, en las que los electores han de decidir entre los dos candidatos más votados. Y, entonces, este acto democrático se transforma y comienza a parecerse más a una tela en blanco y negro, ausente de matices.
Por estos días el gobierno, queriendo empecinadamente imponer su punto de vista, ha insistido en no reconocer que el proceso electoral de este domingo 24 sea visto como un Plebiscito de evaluación de la actual administración. Se niega a admitir que la inmensa mayoría ciudadana, que estima la actual conducción gubernamental como deficiente, votará por aquellos candidatos a Gobernador Regional de las filas opositoras. O bien que, aquellos que aún persisten en evaluar positivamente esta administración, habrán de inclinarse por las candidaturas oficialistas. O sea, para las actuales autoridades, el de hoy no sería un plebiscito.
¿Ud. qué opina? ¿Considera que este acto eleccionario de segunda vuelta en que elegiremos Gobernador Regional, ha devenido en una consulta plebiscitaria evaluadora de la marcha del país en estos casi 3 años de gobierno de Boric?
Un análisis frío y riguroso, apegado nada más que a parámetros de gestión y eficiencia, tendría que concluir que es injusto hacer pagar a alguien por los errores ajenos. Sin embargo, cuando entramos en el terreno de la política, la real, no la teórica, observaremos que no siempre, más bien casi nunca, hay justicia en las decisiones políticas. La vara con que se mide, se pesa y evalúa a los candidatos es más cercana a criterios de conveniencia y de militancia, que a la equidad y la ponderación. Por eso, y pese a los audaces esfuerzos exhibidos en las diversas vocerías y a la intencional y sugerente ausencia del Primer Mandatario en la campaña, todo el mundo ha entendido este acto eleccionario como una evaluación al gobierno.
¿Qué ocurrirá a partir del lunes 25? Probablemente, después de las contorsiones estadísticas de algunos y las cuentas demasiado optimistas de otros, el país vivirá un escenario de “cohabitación” que, en esta misma Columna, avizoré hace tiempo. A partir del lunes ya no viviremos esa realidad un tanto distorsionada de tener 15 de las 16 autoridades regionales oficialistas. Porque, con la excepción de La Araucanía, las elecciones de 2021 dieron el triunfo a candidatos de izquierda o centro-izquierda en todo el resto de las Regiones. Y, convengamos, el país no es así. El enorme triunfo de aquella vez se explica por factores circunstanciales, de largo análisis, que alejaron la votación ciudadana de los cauces habituales. Pero eso cambiará a contar de la próxima semana. Y, si bien no podemos ver el futuro como a veces se quisiera, lo más probable es que esa disparidad se corrija y el panorama de las primeras autoridades regionales sea distinto. Un poco más cercano al equilibrio que al desajuste, un poco más cerca de la realidad.
Y, cuando ello ocurra, se vivirá lo que escribo más arriba. Esa “cohabitación” de que hablan los franceses, en cuyo sistema gubernamental es posible la existencia de un Presidente de la República de un signo político opuesto al del Primer Ministro. Y tienen que “soportarse”, aprender a convivir y considerar el interés superior de la comunidad. Algo semejante nos espera a partir de este lunes. La mitad de las Regiones, estimo que un poco más, a cargo de Gobernadores de un signo político diferente al oficialista. Que tendrán que convivir con el actual gobierno. Al menos hasta 2026, en que mucho habrá de cambiar.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
