¿De qué se trata?
A través de un requerimiento presentado a nivel central, el diputado por Talca y Curicó, Jorge Guzmán (Evópoli), denunció ante la Contraloría Regional del Maule un supuesto acto ilegal y de falta a la probidad en que habría incurrido la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, tras su decisión de no votar el presupuesto 2023 de esta institución ante el Consejo Regional (CORE) del Maule.
¿Cuál es la solicitud en específico?
El requerimiento pide a la Contraloría que instruya una investigación administrativa en el Gobierno Regional del Maule y, en virtud de ello, emita un pronunciamiento «respecto de la legalidad del actuar de la Gobernadora Regional que consistió en no someter a votación del Consejo Regional del Maule la propuesta de distribución del presupuesto regional 2023, los marcos presupuestarios, las directrices y prioridades y condiciones en las que debe ejecutarse, junto con los proyectos que la componen».
¿Por qué no ha ocurrido esa votación?
«A su juicio (de la Gobernadora Regional) y de acuerdo a lo mencionado propia Dirección de Presupuesto, se le habría indicado que no era requerido el pronunciamiento del Consejo Regional, toda vez que ya se habría pronunciado en la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) desarrollado en el mes de julio de 2022», indica el requerimiento.
¿Qué significa esta decisión?
Según explica el escrito presentado ante la Contraloría, esta situación «podría significar un actuar fuera de la ley y, por consecuencia, una falta a la probidad y abandono de deberes, más aún, cuando se ha presentado al propio Consejo Regional la solicitud para la asignación de recursos a nuevas asignaciones de inversión, sin haber aprobado previamente la distribución del presupuesto, no contando entonces con la disponibilidfad presupuestaria para que dichas iniciativas sean financiadas».
¿Qué contestó la Gobernadora Regional?
«Primero señalar que cualquier persona, ciudadano o parlamentario, puede hacer las consultas que quiera a la Contraloría. Pero solamente quiero señalar y aclarar que la Dirección de Presupuesto nos señaló a los 16 gobernadores que no era necesario pasar por el Consejo Regional las distribuciones iniciales del presupuesto 2023. Y nosotros tomamos esa decisión, es decir, aperturamos el presupuesto, le informamos a los consejeros regionales en una reunión ampliada, donde se informó el marco presupuestario. Esto no implica que las modificaciones presupuestarias las tengamos que pasar por el Consejo Regional. Una cosa es la apertura del presupuesto y enviar esas aperturas a la DIPRES con la distribución inicial, sin pasarlas por el CORE. Y otra cosa es que cada modificación que nosotros hagamos del presupuesto obviamente tenemos la obligación de pasarlas por el Consejo Regional», afirmó Cristina Bravo.
