¿Cuándo y cómo?
El hecho quedó al descubierto en la madrugada del 24 de febrero de este año en la comuna de Empedrado, en donde el imputado, premunido de un arma cortante, atacó a un hombre de 39 años de edad, provocándole la muerte en la vía pública.
¿Cómo se organizó la investigación?
Con dichos antecedentes, apenas conocidos los hechos, la Fiscalía de Flagrancia instruyó a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Linares, con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Constitución y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM) Talca, realizaron el trabajo científico-técnico en la escena del crimen, pudiendo individualizar al autor y posicionarlo en el sitio del suceso.
¿Qué dijeron desde la fiscalía de Constitución?
“Fueron diligencias decretadas por esta fiscal del sitio del suceso, en conjunto con el fiscal Héctor de la Fuente de la Fiscalía Local de Talca, y en coordinación con la BH Linares y BICRIM Constitución, las que permitieron identificar y detener al imputado, entre estas diligencias se encuentran la declaración de múltiples testigos, análisis realizados en el sitio del suceso y finalmente la declaración del propio imputado, lo que permitió que se decretara la prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, afirmó la fiscal (s) de Constitución, Bárbara Gómez.
¿Cuál es la evaluación de la PDI?
El jefe de la BH Linares, comisario Mauricio Cartes, explicó que “conforme al trabajo criminalístico e investigativo realizado, y en base a la evidencia testimonial recabada, se logró determinar la dinámica y el posible móvil de este crimen, pudiendo individualizar a un sujeto de interés, quien luego de prestar una declaración inconsistente, concurre voluntariamente hasta las dependencias de la PDI en Constitución, donde libre y espontáneamente confiesa su autoría, gestionándose a partir de sus dichos una orden de detención verbal”.
¿Qué viene en adelante?
Tras la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Constitución, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal de cinco días para presentar un recurso de apelación y, con ello, pedir que la Corte de Apelaciones de Talca revise los fundamentos legales y fácticos de la medida cautelar, escuchando también a la parte acusadora.
